La Fundación Amigó, entre cuyos fines se encuentra la atención a la infancia y a la juventud en riesgo de exclusión o que no pueden mantener una relación normalizada con sus familias, abrirá en plazo aproximado de un mes un centro de recepción y acogida de menores tutelados por la Generalitat en el caserón de la Bonavista, situado junto al acceso a la urbanización Monterrey, en el término del Real de Gandia.
En este caso, la característica más destacada es que el centro, con capacidad para 24 chavales de ambos sexos, serán mayoritariamente inmigrantes que llegan a España sin sus familiares directos y a los que, por ley, no se les puede abrir proceso de expulsión.
En noviembre pasado la Fundación Amigó, de origen religioso y que toma el nombre del monje capuchino y obispo Luis Amigó, solicitó las licencias para remodelar el edificio de la Bonavista y para poder desarrollar allí la actividad de centro de acogida.
Rafael Yagüe, director territorial de Levante de esta entidad, señaló ayer, en declaraciones a este periódico, que todos los menores con los que traten estarán bajo custodia de la Generalitat, y no se trata de personas sometidas a ninguna medida judicial, salvo que son extranjeros acogidos.
La Fundación Amigó, que tiene seis centros de atención a menores tutelados en la Comunitat Valenciana y muchas más en otras zonas de España, tiene la misión de acoger a estas personas, ofrecerles escolarización, que en la mayoría de los casos se producirá en centros de Primaria y Secundaria de Gandia, y de conducirles hacia su inserción social y laboral. Todo ello en la medida que vayan adquiriendo autonomía y dominen el idioma español, aspectos fundamentales para que puedan asistir a las clases y a relacionarse en el país que les acoge.
Buscar familias de acogida
En un segundo aspecto, y siempre de acuerdo con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, se intentará que los menores puedan integrarse en una familia. El primer objetivo sería con miembros de la llamada «familia extensa» que pueda residir en España, y si no existe o no es posible, entonces se pasaría a la red de familias acogedoras. En cualquier caso, la estancia en la residencia del Real de Gandia terminaría a los 18 años, cuando alcanzan la mayoría de edad y acceden a otro estatus jurídico.
Como ha ocurrido en otros lugares, la apertura de este centro ha desatado una cierta polémica política en la localidad. El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento del Real de Gandia solicitó al Gobierno local que planteara una consulta popular para conocer la opinión de todos los vecinos y que el resultado fuese vinculante. Cautelarmente, el PP también solicitaba paralizar las licencias de obra y actividad de la futura residencia. El portavoz del PP, Enrique Boscà, señaló ayer a este periódico que desde el consistorio se ha tratado de ocultar este proyecto, y añadió que ellos consideran fundamental la consulta para autorizar o no esa residencia.El Gobierno local, formado por los grupos del PSPV-PSOE y de Compromís, se opuso a tramitar esas demandas argumentando para ello que es la Generalitat la que concede la actividad y que el ayuntamiento se limita a aprobar los permisos de acuerdo con la ley y con las normas urbanísticas. El alcalde socialista, Gustavo Mascarell, consideró que desde el PP «se intenta crear alarma social» y concluyó que el gobierno que preside apuesta porque el Real sea «un pueblo acogedor».
