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Oliva «ahorra» cinco millones en 2018 pero no puede gastarlos

La liquidación del presupuesto resulta muy positiva, pero la ley impide usar ese fondo porque las obras de Aigua Blanca incumplen la regla de gasto

El alcalde González y el concejal de Hacienda, Vicent Canet.

El alcalde González y el concejal de Hacienda, Vicent Canet. levante-emv

El Ayuntamiento de Oliva ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2018 con un resultado positivo de 3,5 millones de euros y un remanente de tesorería de 5,2 millones. Pero ese dinero, que puede considerarse un «ahorro» del ayuntamiento, no puede gastarse porque, debido a la financiación de las obras de la urbanización de Aigua Blanca IV, se incumple la llamada «regla de gasto».

Ese concepto es el que usó el Ministerio de Hacienda para atar a los consistorios e impedir que siguieran generando déficit público, una ley que ha sido duramente criticada por muchos ayuntamientos, entre ellos el de Oliva.

El concejal de Hacienda, Vicent Canet, señaló ayer, al revelar estos resultados, que la liquidación del presupuesto de 2018 «nos deja un sabor agridulce» porque, por un lado, arroja datos muy positivos, «pero continuamos sufriendo las restricciones de una normativa absurda que impide que esta buena situación económica revierta en beneficios directos a la ciudadanía».

Canet indicó que hace años que Oliva insiste y advierte de esta situación que impide destinar a proyectos públicos el dinero del que el ayuntamiento dispone, y añade que es a partir de este año «cuando más evidente va a mostrarse el absurdo de la situación: somos un ayuntamiento sin endeudamiento, con unos ahorros netos de 5.199.607 euros, pero no podemos gastárnoslos porque incumplimos una norma que ni siquiera tiene en cuenta el supuesto de las administraciones sin deuda pública».

La Concejalía de Hacienda ha aclarado que, fundamentalmente, el ayuntamiento ha incumplido en 2018 la regla de gasto al haber destinado una gran suma de dinero a la finalización de las obras de la urbanización Aigua Blanca IV, paralizadas desde hace casi una década. Con ese dato, el Ministerio de Hacienda aplica una fórmula que obliga a los consistorios a reservar fondos para garantizar su viabilidad económica, pero la mayoría de gobiernos locales consideran injusto ese cálculo y, lo que es peor, perjudicial para el conjunto de los ciudadanos, que podrían beneficiarse con inversiones realizadas sin poner en riesgo la estabilidad de las cuentas municipales.

El ayuntamiento de Oliva se quedó el año pasado con «deuda cero» tras liquidar todos los créditos pendientes, y el remanente positivo de más de cinco millones de euros que ha resultado ahora es, en boca del concejal Canet, «el dato que mejor permite conocer la solvencia o capacidad económica que tiene una administración». Canet concluye que en esta legislatura se han pagado todas las deudas y se han cobrado todos los ingresos pendientes.

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