Si alguien pensaba que un alcalde no puede encargar de palabra una obra de 60.000 euros, sin mediar expediente administrativo ni contrato firmado, Arturo Torró acaba de demostrar que no es así. En realidad, lo demuestra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de València dada a conocer ayer que obliga al ayuntamiento a abonar 59.228 euros a la mercantil Estructuras y Proyectos Turmetal por la construcción, a finales de la pasada legislatura, de la cubierta del campo de fútbol de Fort-Llopis, en el Grau. A esa cantidad económica que ahora tendrá que abonar el Gobierno local se suman los intereses generados desde entonces.
El caso es que Torró y quien era su director de Deportes encargaron a esa mercantil la construcción de la cubierta del campo de fútbol, pero, como ha quedado demostrado, no existía documento del concurso, contrato o adjudicación de los trabajos. La sentencia lo deja claro: Sostiene el demandante, Estructuras y Proyectos Turmetal, que, «en virtud de un encargo verbal» realizado por Torró y el director de Deportes, «se ejecutaron las obras de la cubierta de acero en la grada del campo del Grau».
Cuando, después de las elecciones, la empresa intentó cobrar al ayuntamiento, gobernado ya por el equipo del PSPV-PSOE y Més Gandia, se buscó el expediente de contratación y, al no existir, se optó por el silencio administrativo y no pagar.
La empresa, que obviamente cumplió con el «encargo verbal» del alcalde, presentó un recurso judicial contra ese silencio administrativo, y ahora el juzgado le ha dado la razón. Por muy ilegal que fuera la forma de contratar la obra, la empresa tiene derecho a cobrar, y eso es lo que ahora tendrá que hacer el ayuntamiento.
Polémica por los contratos
La singular noticia la sentencia condenatoria para el ayuntamiento surgió ayer a raíz de las críticas vertidas por el PP de Gandia, que denunció un «uso y abuso» de la contratación «a dedo» por parte del actual Gobierno local. El concejal Vicent Gregori señaló que solo en enero de 2019 se han realizado con ese procedimiento, del que en ningún nomento dudó de la legalidad, más de 250.000 euros, lo que consideró un ejemplo de «opacidad» en la contratación pública.
En respuesta a esas críticas, el socialista José Manuel Prieto, en calidad de responsable de Contratación, negó la mayor y aseguró que, como marca la ley, todo contrato que supere los 5.000 euros está sometido al proceso de invitar a tres empresas para que presenten sus ofertas, y cuando la cifra supera los 15.000 euros entonces ya se pasa al concurso público, al que puede optar cualquier empresa que reúna las condiciones establecidas. «Hay que tener poca vergüenza para criticarnos por hacer las cosas legalmente quienes llegaron a contratar de forma verbal», concluyó el responsable socialista.
