El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna tenía razón cuando impidió que una gasolinera se instalara en un local del casco urbano ubicado entre dos edificios de la avenida de les Germanies, concretamente en el acceso este de la localidad. Así lo acaba de decir el juzgado de o contencioso administrativo número 4 de València en una sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
La empresa que pretendía montar este negocio, Alcoy Low Cost SL presentó el recurso después de que el departamento de Urbanismo vallero, que encabeza el concejal Josep Llàcer, impidiera la construcción de la instalación desestimando su solicitud para la licencia de obra. Alegaba que debía solicitar un informe a la Dirección General de Carreteras de la Generalitat, ya que el local en cuestión, que antiguamente albergaba una carpintería, estaba junto a la travesía que cruza la localidad, la CV-50, y podía generar molestias al intenso tráfico que la atraviesa cada día.
La mercantil denunciante pensaba que dicha autorización «no era necesaria», según se recoge en el texto de la sentencia, porque «considera que no hay ninguna zona de protección establecida en esta vía en el tramo que transcurre por el casco urbano de Tavernes», apunta.
Sin embargo, como el propio juzgado recoge en el texto, no solo existen documentos que acreditan que este tipo de actividades deben estar a al menos 25 metros de la carretera para no entorpecer el tráfico y que, por lo tanto precisaba de la autorización de la Generalitat, sino que un técnico de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, lo confirmó en su declaración ante el juzgado.
Además de esto, el propio funcionario explicó que había que tener en cuenta otro precepto para tumbar la pretensión de la empresa: que la construcción de la gasolinera iba a generar un cruce de vehículos (que entran y salen del establecimiento a la carretera CV-50). «Eso determina la necesidad de autorización por parte del titular de la vía», es decir, como argumentaba el Ayuntamiento de Tavernes, de la Generalitat.
El contencioso no solo desestima el recurso de la empresa, sino que también le impone las costas del procedimiento.
«Reafirma los argumentos»
Contra la decisión cabe recurso, pero, de momento, el Ayuntamiento de Tavernes logra una primera victoria en un litigio que se conoció por la fuerte oposición que los vecinos de los edificios colindantes presentaron contra el proyecto por considerar que ponía en riesgo su tranquilidad.
El concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, se mostraba ayer «satisfecho» con la resolución judicial, porque «hemos podido defender los intereses de todo el municipio, especialmente de los vecinos que rechazaban su instalación». La justicia, señalaba el edil, «reafirma los argumentos que utilizó el Ayuntamiento de Tavernes para no conceder la licencia de obra».
