Un juzgado de València ha impuesto una multa de 800 euros al Ayuntamiento de Oliva por no haber remitido un expediente de Urbanismo que era objeto de un proceso judicial ante la demanda presentada por una empresa.
La sanción, comunicada el pasado mes de febrero, se produce después de que ese órgano judicial intentara acceder en varias ocasiones a la documentación que necesitaba para abordar la causa abierta por la adquisición de unos terrenos.
Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de València remitió un escrito el 19 de septiembre de 2018 solicitando esa documentación. Un mes y medio después, el 30 de octubre, volvió a requerir esos papeles, pero otra vez fue en vano. El 1 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019 entraron en el ayuntamiento otras dos peticiones.
El área de Secretaría del ayuntamiento instó al funcionario encargado de ese cometido a cumplir con la petición. Y el alcalde de la ciudad, David González, tuvo conocimiento de lo que sucedía a partir del último escrito, el del 25 de enero de 2019, momento en que instó personalmente al funcionario a remitir el expediente.
Fue entonces cuando se cumplió la orden, pero en vez de enviarlo al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, se envió al número 2, algo que se ha atribuido a un error. La no respuesta al juzgado generó la multa de 800 euros. El alcalde, en una resolución del pasado 5 de marzo, ha anunciado que va a tomar medidas, incluso disciplinarias, «para que esta circunstancia no vuelva a producirse».
El PP ha criticado que el alcalde derive la responsabilidad en funcionarios y añade que es fruto del «desmantelamiento» del departamento de Urbanismo.
