El juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Sueca ha archivado la querella penal que presentó la entidad Acción y comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna por sumarse, mediante un acuerdo de pleno, a la campaña «Boicot, Desinversión y Sanciones BDS» a Israel por no reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.
Un total de doce concejales del ayuntamiento (todos menos los cuatro del PP) figuraban como investigados (antes imputados) en esta causa, con la que se enfrentaban a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer cargo público. Además del alcalde, Jordi Juan, la denuncia fue contra Perfecto Benavent, Llum Sansaloni (que renunció a su cargo hace unos meses), Josep Llàcer, Noèlia Alberola, Enrique Chofre, Encar Mifsud, Bea Ferreres y Javier Escrihuela de Compromís, Víctor Borràs y Pilar Altur del PSPV y Eduardo Bononad, de EUPV.
El juzgado de Sueca se acoge a los argumentos de la Fiscalía, que, en un escrito remitido a la sala considera que no hay delito en la aprobación del acuerdo porque el Ayuntamiento de Tavernes como administración no tiene capacidad de veto hacia Israel, ya que, en todo caso, esta cuestión correspondería al Estado Español. Por otra parte, el fiscal apunta que no se le puede imputar delito a los concejales en tanto que se trata de un «boicot reivindicativo en términos de debate político» y porque, además, no existió publicidad ni promoción de este acuerdo más allá de su aprobación en el pleno.
La entidad ACOM acusaba a los querellados por delitos de desobediencia, prevaricación y contra los derechos fundamentales y libertades públicas. La Fiscalía desmonta todos los argumentos y deja sin efecto la denuncia.
Eso sí, en el mismo texto afea que en el acuerdo del ayuntamiento «se contemplan medidas orientadas a crear discriminación en relación al Estado israelí y los israelitas». Apunta, a su vez, que «la prohibición acordada se establece sin ningúna justificación objetiva obedeciendo a criterios puramente políticos e ideológicos», indica el escrito del fiscal.
Anulado por un contencioso
La corporación municipal de Tavernes de la Valldigna debatió y aprobó sumarse a la campaña boicot a Israel por la ocupación de Palestina en marzo del 2016. ACOM presentó un recurso ante el contencioso administrativo, que le dio la razón a la entidad y acabó anulando el acuerdo. Unos meses después, el 3 de abril del 2017, los partidos volvieron a votar esta resolución. En este caso, el texto había sido revisado por el secretario general del ayuntamiento, que emitió un informe jurídico en el que avalaba que los términos utilizados paras umarse a la campaña sí que se ajustaban a derecho. Según explicó ayer el concejal de Hacienda, Perfecto Benavent, el redactado se trabajó durante un mes para poder utilizar expresiones que evitarán caer en una posible irregularidad, convirtiéndose en una mera «declaración política», como esgrimieron los ediles al explicar su versión de los hechos ante la Fiscalía.
El sobreseimiento no es definitivo, ya que la asociación tiene hasta el próximo viernes para presentar un recurso de reforma.
La querella al Ayuntamiento de Xeraco por esta cuestión también fue archivada por la justicia siguiendo los mismos argumentos de Tavernes.
