La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas de entre cinco y siete años de prisión a cuatro ciudadanos de nacionalidad búlgara, todos miembros de una misma familia, por explotar a compatriotas en tareas agrícolas en diferentes provincias españolas. Además, les obligaban a vivir en condiciones insalubres, hacinados en viviendas. Una de ellas se encontraba en Tavernes de la Valldigna, donde llegaron a haber hasta 15 personas en un piso de reducidas dimensiones, durmiendo con colchones en el suelo y rodeados de suciedad.
Según se recoge en la sentencia, los procesados obligaban a las víctimas a trabajar de sol a sol. Además, se quedaban con la totalidad o una parte muy importante de sus sueldos con la excusa de que debían pagar el viaje desde Bulgaria o los gastos de su hospedaje. La sala ha impuesto siete años de cárcel por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores a uno de los condenados, padre de los otros tres, como «máximo responsable de lo ocurrido», ya que de él «emanaban todas las decisiones».
Sus tres hijos, que, según el texto judicial, ejecutaban «las órdenes y directrices impartidas por su padre», han sido condenados a penas de cinco años.
En cambio, los magistrados exculpan a todos ellos de un delito de trata de seres humanos, al tiempo que han absuelto a un quinto acusado que había colaborado en el alojamiento de los trabajadores pero no en su explotación laboral.
Los procesados captaban a ciudadanos búlgaros con escasos recursos económicos en su país, principalmente en la región de Pleven, y los trasladaban luego a España para trabajar en tareas agrícolas, sobre todo en la recolección de cítricos, patatas, cebollas, ajos o en la vendimia.
El tribunal declara probado que el padre y los tres hijos obligaban a vivir a las víctimas en condiciones insalubres, se quedaban con parte o con todo su jornal y les retenían la documentación personal y el permiso de trabajo.
La sentencia estima que entre los meses de diciembre de 2015 y octubre de 2016 el padre y los hijos cobraron más de 69.500 euros, además de otras cantidades en negro, de empresarios de la C. Valenciana, Murcia y Castilla y León.
