El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna acaba de recibir un severo varapalo que afecta a uno de los proyectos más importantes de la localidad en décadas: el colector contra inundaciones de la playa y el vial perimetral para descongestionar el casco urbano del litoral. El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de València ha anulado el expediente de ocupación directa de los terrenos por los que deben transcurrir ambas infraestructuras y, además, obliga a devolverlos a sus propietarios.
La ocupación directa fue el procedimiento que eligó el Ejecutivo local en su momento para poder disponer de los terrenos en los que se debían llevar a cabo las obras antes de que fueran de su propiedad, lo que permitía agilizar el inicio de los trabajos. Estas parcelas están situadas todas ellas al oeste del casco urbano, detrás de los edificios de la avenida Blasco Ibáñez.
El juez que ha tramitado esta cuestión argumenta que el ayuntamiento superó el plazo de tres meses que la ley establece para resolver este tipo de expedientes, por lo que, cuando se firmó la ocupación directa, el procedimiento ya estaba caducado. Con esta tesis, y tal como se indica en la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV, todo el procedimiento posterior debe quedar anulado. Es por ello que el magistrado no entra a valorar el resto de cuestiones que alegaban los demandantes como que el procedimiento de ocupación directa no tiene cabida en la Lotup o que se había vulnerado la normativa que regula el Patrimoni Municipal del Sol.
El consistorio inició el expediente el 10 de enero del 2017. A partir de ese momento disponía de un plazo de tres meses para resolverlo, por lo que la caducidad se producía el 10 de abril de ese mismo año. Sin embargo, la aprobación se produjo el día 2 de mayo, sin que, como indica la sentencia, se hubiera dado la posibilidad aún a los propietarios de que presentaran alegaciones. No fue hasta el 6 de noviembre, tras estudiar e incluir las propuestas de los propietarios, cuando se ratificó el expediente.
Esta resolución llega unas semanas después de arrancaran las obras, tanto del colector como del vial perimetral, por lo que supone un importante contratiempo para el consistorio ante unas obras largamente reivindicadas por los vecinos y comerciantes de la playa y que costarán más de tres millones de euros.
El ayuntamiento alegará
El concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha apuntado que, como la ocupación directa ya se ha ejecutado, las obras no van a ser paralizadas. Por tanto, la única forma de ejecutar la sentencia es la de indemnizar a los propietarios. Para ello existen tres fórmulas: Hacer una valoración con tratamiento de suelo rústico, el aprovechamiento urbanístico o llegar a un acuerdo con los propietarios.
En todo caso, el edil ha mostrado la intención del ayuntamiento de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Llàcer apunta que los demandantes "han dirigido el proceso por un procedimiento de forma y el juez ha interpretado que era así". Reconoce que la leigslación da tres meses para cerrar ese tido de expedientes, un tiempo que, "consideramos imposible" que se cumpla.
Por otra parte, señala que los técnicos municipales "tienen perfectamente argumentado y con jurisprudencia" para demostrar que un expediente de ese tipo es válido aún si supera los tres meses, porque "es un trámite muy largo que incluye informar a las partes, dar un periodo de alegaciones, resolverlas, etc", algo, sin embargo, que no ha tenido en cuenta el juez.
