El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de València ha emitido una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna a devolver a sus propietarios los terrenos por los que debe transcurrir el colector contra inundaciones de la playa y el vial perimetral. El procedimiento que eligió el Gobierno local en su momento para poder agilizar el inicio de las obras fue el de ocupación directa. Esa figura permite a una administración, amparándose en el interés general, poder actuar en parcelas que aún no son de su propiedad mientras negocia el procedimiento para adquirirlos. Estos solares están situados al oeste del casco urbano, detrás de los edificios de la avenida Blasco Ibáñez.
En su escrito, al que ayer tuvo acceso Levante-EMV, el juez que ha instruido la causa argumenta que el ayuntamiento incumplió el plazo de tres meses que establece la ley para resolver el expediente de ocupación directa. Esto provoca automáticamente la anulación de cualquier resolución. Es más, el magistrado no entra a valorar si, como reclamaban los propietarios en su recurso, el proceso está fuera de la legislación. Por ello estima la denuncia «parcialmente».
El consistorio inició el expediente el 10 de enero del 2017. A partir de ese momento empezaban a correr los tres meses para resolverlo, por lo que la caducidad se producía el 10 de abril. Sin embargo, la resolución por la que se aprobaba la ocupación está datada el 2 de mayo, sin que, como indica la sentencia, se hubiera dado la posibilidad aún a los propietarios de presentar alegaciones. No fue hasta el 6 de noviembre cuando se ratificó el expediente.
El juez incluso reprende al ayuntamiento su «falta de diligencia» en la tramitación del expediente, en tanto que «tardó casi un mes y medio en remitir la notificación de inicio del expediente a los interesados», mientras que «el proyecto de ocupación directa no fue redactado hasta que habían pasado casi cuatro meses después de que se incoara».
Esta resolución llega unas semanas después de arrancaran las obras, tanto del colector como del vial perimetral, por lo que no es de extrañar que generara cierta incertidumbre entre la ciudadanía, al tratarse de una infraestructura largamente reivindicada por vecinos y comerciantes de la playa y que costarán 3 millones de euros.
Desde el ayuntamiento quisieron ayer lanzar un mensaje de tranquilidad. En primer lugar, el concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, recordaba que la resolución no es firme, por lo que el consistorio presentará alegaciones.
Por otra parte, explicó que debido a que la ocupación directa ya se ha ejecutado y se trata de una actuación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (POGU), las obras no se paralizarán. Por tanto, la única forma de hacer realidad la sentencia es la de indemnizar a los propietarios. Para ello existen tres fórmulas: Hacer una valoración con tratamiento de suelo rústico, el aprovechamiento urbanístico o llegar a un acuerdo con los propietarios. Llàcer insiste en que el ayuntamiento ocupó los terrenos «en base a la Lotup».
Por ello, dijo que los técnicos municipales «tienen perfectamente argumentado y con jurisprudencia» para demostrar que un expediente de ese tipo es válido aún si supera los tres meses, porque «es un trámite muy largo que incluye informar a las partes, dar un periodo de alegaciones, resolverlas, etc».
El alcalde, Jordi Juan, por su parte, explicó en su perfil de Facebook que se eligió el proceso de ocupación directa «porque las expropiaciones siempre son traumáticas». En el escrito se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia les dará la razón en su recurso, «según nos han dicho los servicios jurídicos municipales».
A su vez, Juan lamenta que «haya gente que se alegre de una decisión que no beneficia a Tavernes ni a su interés general» y se pregunta si «todo vale para desgastar a Compromís».
Críticas de los partidos
Tras la decisión judicial, los partidos de la oposición criticaron al gobierno por la forma de gestionar esta cuestión.
Los socialistas la achacan a la «falta de interés» y también al hecho de «no ser capaces de resolver ningún problema de la ciudad con diálogo». El portavoz del PSPV, Víctor Borràs, recuerda que «hemos advertido de las irregularidades del procedimiento» y también de que «no buscar una solución consensuada con los propietarios haría que el proyecto se convirtiera en mucho más costoso y difícil de ejecutar».
Desde el PP, su portavoz, Eva Palomares, ha exigido conocer «el retraso que supone esta sentencia en la finalización del colector» y también «el coste que tendrá». La popular recuerda que «en ocho años no habrá colector porque se han hecho las cosas mal y la sentencia lo confirma».
Carlos Gimeno, candidato de Ciudadanos, asegura que esta sentencia «es una muestra del desastre de la gestión de Compromís al frente del consistorio vallero».
