El 18 de mayo del año pasado, cuando compareció en una comisión del Senado que estudiaba la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE, el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, pronosticó que los jueces archivarían las diligencias, que se abrieron a raíz de una denuncia del PP. Orengo sostenía que todo ese «montaje» había sido urdido por su sucesor en la alcaldía de Gandia, el popular Arturo Torró, con «papeles manipulados» que le entregó al diputado y vicepresidente del Consell, José Ciscar. Fue este último quien denunció esa supuesta financiación ilegal de los socialistas, que también alcanzaba al Bloc Nacionalista.
Trece meses después aquel pronóstico se ha convertido en un hecho y todos los jueces que habían abierto causas por este procedimiento las han archivado al no apreciar indicios de delito.
El último en decretar esa resolución ha sido el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. Anteriormente lo hicieron los jueces de Gandia y Benidorm, y, paralelamente, la repercusión que tuvo este tema llevó a abrir dos comisiones de investigación, una en el Senado y otra en les Corts Valencianes.
La causa de esa supuesta financiación ilegal del PSPV se canalizaba a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar, con sede en Gandia, y nació de la denuncia presentada por el PP. El principio se tramitó en el Juzgado de Instrucción número 21 de València, que, tras analizar la documentación, derivó la investigación a juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm porque los expedientes de contratación adjudicados a la empresa Crespo Gomar se realizaron supuestamente desde ministerios y ayuntamientos.
Como informó este periódico el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia archivó la parte de la investigación relativa a la adquisición, en 2009, de un inmueble por parte de la Federación Valenciana de Fútbol por 525.000 euros en una operación que fue subvencionada al 50 por ciento por el Ayuntamiento cuando Orengo era alcalde. La planta baja, situada en la calle del 9 d'Octubre y cuya adquisición se ha investigado, pertenecía a familiares del exconcejal socialista Toni Gomar, padre del gerente de la empresa de comunicación Crespo Gomar, Alberto Gomar, que trabajó para el PSPV y con varios ministerios en época del gobierno del PSOE. En este caso se ha constatado que no hubo ilegalidades en la subvención que el ayuntamiento concedió para que la Federación de Fútbol abriera delegación comarcal en ese inmueble de Gandia.
Dos meses después, en mayo, tuvo lugar el archivo de la segunda causa por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, que abordó la investigación relativa a las contrataciones efectuadas por el ayuntamiento con Crespo Gomar para instalar «opinómetros», máquinas que iban a facilitar la participación ciudadana.
Y la pasada semana la jueza de Instrucción 24 de Madrid dio carpetazo al procedimiento para investigar el expediente del Ministerio de la Vivienda en 2008 de adjudicación de un contrato a la empresa Crespo Gomar para una campaña de publicidad destinada a favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. La magistrada acordó el sobreseimiento de la causa al no apreciar delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, si bien remite lo actuado al Tribunal de Cuentas «a los efectos que proceda».
Buena parte de la documentación que originó esa denuncia y las investigaciones judiciales, en el Senado y en les Corts Valencianes salió de Gandia, y tanto dirigentes del PSPV como de Compromís aseguraron que el exalcalde Torró no solo la tenía, sino que la guardó hasta poder utilizarla para intentar que Diana Morant dejara de ser alcaldesa de Gandia poco después de asumir ese cargo, en junio de 2015.
Torró negó ese intento de chantaje, pero lo cierto es que los responsables del PSPV y Compromís de Gandia a quienes se dirigió el exalcalde no se plegaron a revertir la investidura de Diana Morant y del Gobierno local que dirigía, y fue posteriormente cuando los «papeles manipulados» que denunció Orengo cayeron en manos de José Ciscar, que denunció los hechos como corrupción política.
