Visto objetivamente, lo de Villalonga con la Mancomunitat de la Safor nunca llegó a ser una guerra del agua, pero sí un conflicto que enrareció las relaciones entre esas dos instituciones. Todo porque, al margen de los formalismos, en el ayuntamiento de esta localidad del interior de la Safor nunca sentó bien que se excavaran los pozos y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) autorizara a la extracción de hasta dos hectómetros cúbicos de agua al año para el suministro a las 13 localidades que sufrían los altos contenidos de nitratos.
El conflicto llegó a los tribunales porque el Ayuntamiento de Villalonga recurrió la autorización de la CHJ, aprobada en el año 2001, y además denunció que la Mancomunitat estaba extrayendo una cantidad de agua superior a la que tenía derecho.
En este tema, la Ley de Aguas no da margen a interpretaciones y, cinco años después, en 2006, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sentenció a favor de la Mancomunitat de Municipis de la Safor y en contra de este ayuntamiento. Aquella decisión permitía seguir extrayendo los dos hectómetros cúbicos de agua al año porque, como establece la ley, el agua que corre por los acuíferos en los que se asienta Villalonga no es de este municipio, sino «de todos» y quien la administra no es otro que el Estado a través de las confederaciones hidrográficas que se adscriben al Ministerio de Medio Ambiente.
Años después fue la misma Confederación Hidrográfica del Júcar la que informó negativamente sobre la construcción de una gran urbanización con campo de golf justo a los pies de donde se encuentran los pozos que alimentan el sistema de la Mancomunitat. La CHJ señaló que no estaba garantizado el suministro hídrico a todo ese complejo y, otra vez, el ayuntamiento amenazó con recurrir la concesión de la Mancomunitat. «Si no hay agua para Villalonga tampoco para el resto de pueblos», llegó a decir, en 2010, el entonces alcalde, Juan Ros, quien finalmente optó por no iniciar el proceso judicial que había anunciado.
