En la pasada legislatura el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, firmó un decreto con medidas para contribuir al rescate económico de ayuntamientos valencianos en riesgo de colapso financiero. Y se sabía que, por razones más que obvias, Gandia optaba a figurar en el primer puesto de la lista. Lo que se desconocía es que todo iba a ser tan rápido y que su aplicación afectaría a un espacio tan emblemático como el antiguo edificio de Correos, en la céntrica plaza del Rei Jaume I.
Porque ayer el recién nombrado secretario autonómico de Promoción Institucional, el gandiense Alfred Boix, anunció que la Generalitat va a iniciar el proceso para comprar ese enorme inmueble con una doble intención. La primera, pagar al ayuntamiento por su valor y que el dinero se destine a liquidar una parte de la deuda que mantiene con los bancos. En segundo lugar, la misma Generalitat procederá a rehabilitar el edificio, del que solo se salvará la fachada protegida, para que, si así se acuerda, cederlo a la Universitat de València para ampliar sus actividades y estudios en la capital de la Safor.
El negocio, por lo tanto, saldría redondo. Gandia liquida deuda a costa de desprenderse de un edificio, pero con la garantía de que va a seguir en el ámbito de lo público y, además, destinado a usos educativos y culturales, como también prometió la alcaldesa, Diana Morant, al inicio de la pasada campaña electoral.
La visita de Boix, que llegó acompañado de Toni Such, director general de Administración Local de la Generalitat, no fue solo protocolaria. Ambos se sentaron en la primera reunión de trabajo con la alcaldesa, su jefe de gabinete, Pepe Frasquet, y los concejales José Manuel Prieto y Salvador Gregori para perfilar cómo se desarrollará la compra del edificio de Correos.
Este inmueble, pegado a la Biblioteca Central y Archivo Municipal, seguramente constituirá la primera compra de la Generalitat bajo el argumento del rescate financiero de Gandia, pero en un futuro habrá más. En el mismo encuentro de ayer los representantes del Gobierno de Gandia y del Consell de la Generalitat hablaron de los solares que el ayuntamiento tiene en el polígono de Sanxo Llop, donde está el hospital comarcal, que se estima que podrían formar parte de otro paquete de adquisiciones.
En este caso el objetivo aquí sería, para el ayuntamiento, pagar deuda, mientras que la Generalitat ofrecería las parcelas a empresas que quisieran implantarse, cerrando un círculo que, al menos esa es la pretensión, también generaría inversión de capital, actividad económica y generación de puestos de trabajo.
A preguntas de este periódico, Toni Such señaló que el decreto de Ximo Puig, que además de la compra de patrimonio municipal incluye otras medidas, tiene una dotación económica de 240 millones de euros para un periodo de 5 años, pero de momento no se ha revelado qué parte de ese pastel podría ir a parar a las arcas del Ayuntamiento de Gandia.
La alcaldesa, Diana Morant, señaló que la elevada deuda de la ciudad «sigue siendo el principal problema de Gandia» y que necesitan activar el mecanismo del decreto de Ximo Puig para preparar el nuevo Plan de Ajuste Económico que el ayuntamiento tendrá que consensuar con el Ministerio de Hacienda. Ese plan debe garantizar el pago de la deuda, que todavía alcanza los 265 millones de euros, pero el Gobierno local también pretende que el ministerio flexibilice las condiciones hasta el punto de incluir rebajas de impuestos en esta legislatura.
Mesa de municipios tras el verano
Gandia va a ser, casi con toda probabilidad, el municipio más beneficiado, pero no el único. Por eso el secretario autonómico de Promoción Institucional dijo que en septiembre espera constituir una mesa de alcaldes que quieran acogerse a estas medidas y comenzar a distribuir las diferentes líneas de ayudas aprobadas.
Alfred Boix explicó que la intención del decreto que aprobó el Consell es que ningún municipio recorte servicios fundamentales a sus vecinos por culpa de la deuda o porque estén aislados en zonas de interior.
