Presidir una de las principales organizaciones ecologistas del mundo en España le ocupa prácticamente media jornada laboral al día. Desde hace un año y medio el valenciano José David Sandoval -nació en Burjassot- dirige en España Greenpeace, faceta que compagina su profesión de abogado. El jueves y el viernes estuvo en la Universitat d'Estiu de Gandia, como uno de los ponentes del curso «Los derechos del planeta», coordinado por el director del Jardí Botànic, Jaime Güemes. Además, el jueves por la tarde, participó en una mesa redonda en la Casa de la Cultura con Pilar Vega, doctora en Geografía y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, moderada por María Asunción Tejedor, de la Facultad de Filosofía de la UV.
En el curso comentaron que el planeta también debería ser sujeto de derechos jurídicos.
Sí, este es un concepto del que empezó a hablarse en 2012, con el proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que en octubre de 2012 lideraron Bolivia, Perú y Ecuador ante la Asamblea General de la ONU. Es un planteamiento nuevo y muy bonito que tiene como objetivo equiparar los derechos del ser humano al de los ríos, las montañas o los océanos, como una manera de garantizarnos y de blindar la protección jurídica del medio ambiente.
En Gandia está de actualidad el emisario submarino, que vierte aguas residuales al mar procedente de una depuradora sin tratamiento terciario, y en verano, con el aumento de población por el turismo, apenas da abasto. ¿Se repite en otros puntos de la costa española?
Así es, es un viejo problema, de hecho la Unión Europea sancionó hace ocho años a España por los municipios que vierten al mar aguas residuales urbanas sin depurar. Y sigue pasando, el año pasado Greenpeace documentó que en 80 municipios de todas las provincias costeras españolas se producen estos problemas. El estudio lo presentamos a principios de este año. Se ha cumplido el primer plazo de la multa de la UE al Estado por incumplimiento de la normativa y los municipios sancionados aún no se han puesto al día, con lo que España seguirá pagando multas millonarias hasta 2022. Esto supone un peligro para el mar y para la salud de los bañistas en las playas por contaminación de bacterias fecales, además de un enorme impacto para el turismo y para la imagen del país.
¿Nos hemos «pasado» con el ladrillo en la costa mediterránea, o todavía lo seguimos justificándolo en aras del turismo y de la creación de empleo?
Nos hemos pasado, y lo sabemos. En Greenpeace lo analizamos cada año con el informe «Destrucción a toda costa». La costa mediterránea está enladrillada, con mucha vivienda vacía e infrautilizada, sólo para dos meses al año. Eso es un derroche de recursos gravísimo, y una privatización de algo que nos podría generar mayor bienestar e ingresos más allá de los meses de verano, que es el ecoturismo, con derivadas como la observación de aves o de fauna marina. Hoy el que puede va a lugares bien conservados, paraísos naturales, y es un turismo, también hay que decirlo, con más poder adquisitivo.
El Pativel, aprobado por la Generalitat en 2018, impide construir a menos de 500 metros de la costa. ¿Llega tarde?
Es evidente. Bienvenido sea, pero debería haberse aprobado antes. En algunos sitios sí resultará útil, porque puede prevenir futuros desastres, pero hay mucha línea de costa ya sin remedio, con los problemas que implica de gestión y de inundaciones.
¿La protección de un paraje natural sirve de algo si no va unida con la conservación?
No, y aquí en general somos bastante hipócritas. Invertir en la gestión de parajes naturales genera riqueza y fija población en entornos rurales.
¿Cómo ha vivido los últimos acontecimientos sobre Madrid Central?
Estamos muy satisfechos de haber ganado el recurso presentado junto a Ecologistas en Acción y otras organizaciones para que se se mantuviera vigente Madrid Central y la imposición de multas, frente a la moratoria que quería aplicar el alcalde Almeida. Esperemos que el nuevo alcalde no recurra las tres medidas cautelares y se centre en mantener y mejorar Madrid Central en lugar de rebajarlo. Mire, actualmente el 94% de la población europea respira aire contaminado. Si eso se produjera con el agua que bebemos, ¿tomaríamos medidas? Pero parece que a la contaminación atmosférica le damos menos importancia, pero causa 400.000 muertes prematuras en Europa al año. Entonces, ante ese panorama, debemos limitar el tráfico de vehículos de combustión, especialmente por el centro de las ciudades.
Parece que la movilidad sostenible ya ha calado en los municipios, incluso pequeños.
Yo creo que poco a poco iremos venciendo las reticencias iniciales que siempre hay en estos cambios. Al principio la gente protesta porque la peatonalicen su calle o pongan un anillo ciclista, pero luego nadie quiere que se revierta.
¿Hasta qué punto estamos en una «emergencia climática»?
Pues según los científicos lo estamos, climática, y para algunos hasta de nuestra civilización. El cambio climático ya está aquí, y se trata de mitigar sus efectos.
¿España está haciéndolo bien en transición energética?
Es que para España el cambio a las energías limpias es una necesidad; no tenemos petróleo, ni uranio, el carbón contamina... Podemos vivir perfectamente sin petróleo y sin energía nuclear, las centrales están ya amortizadas.
¿Estaríamos dispuestos a volver a la compra a granel para reducir el impacto de los plásticos, o reducir el uso del móvil?
Las generaciones futuras van a renunciar a muchas comodidades actuales por la crisis ambiental. Hoy mismo los jóvenes ya saben que vivirán peor que sus padres, por eso están adoptando medidas, por ejemplo reducir el consumo de plásticos, comprar alimentos de tu zona, contratar con pequeñas compañías de energías renovables en vez de con las grandes eléctricas... ¡Es que son de sentido común!
Activismo en redes sociales, manifestarse en las calles o tener un buen equipo de abogados, ¿qué es lo más eficaz para un colectivo ecologista?
Yo creo que un poco de todo, pero sobre todo hay que documentar y estudiar los problemas ambientales, como hace Greenpeace. También es importante el trabajo de «lobby», llegar a los sitios de decisión política, como el Parlamento Europeo.
