Lo que inicialmente parecía un encontronazo sin mayor trascendencia durante el desahucio de una pareja con varios hijos menores en una vivienda de Oliva podría acarrear penas de prisión contra tres personas. Dos son, precisamente, la pareja desalojada de la casa, y el tercero el activista de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de la Safor (PAH), Joan Cogollos. Los tres fueron denunciados por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Oliva por, según su versión, haberse comportado de forma violenta y proferir insultos, una acusación que Cogollos y los otros dos denunciados niegan.
La instrucción abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha terminado de la peor manera posible para los tres afectados. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez acaba de decretar la apertura de vista oral bajo la acusación de atentado y lesiones leves a los agentes policiales.
Por esos hechos, el Ministerio Público solicita un año y seis meses de prisión para cada uno de ellos, así como el pago de multas económicas e indemnizaciones, lo que convierte este caso en el que puede acarrear las peores consecuencias para quienes se oponen a los desahucios desde que empezaron este tipo de protestas en la comarca de la Safor.
Los hechos objeto del juicio ocurrieron el 14 de septiembre del año pasado frente a la vivienda de la calle de la Aurora de Oliva. Hasta ese lugar, donde estaba decretado el desahucio de la familia, se presentó un grupo de activistas de la PAH que, como suelen hacer en estos casos, primero intentaron negociar con la comisión judicial y, al no conseguirlo, se situaron ante la puerta, a modo de parapeto, para intentar impedir el lanzamiento.
Las versiones a partir de ahí difieren mucho. Según recoge el escrito de la Fiscalía, los denunciantes señalan que la pareja de moradores de la casa y Joan Cogollos «se resistieron enérgicamente, empujando y zarandeando a los agentes», a quienes, según los partes médicos, también causaron heridas leves.
Joan Cogollos, en cambio, declaró que en todo momento «se mantuvo una actitud pacífica» y que, más allá de situarse con los brazos agarrados ante la puerta de la vivienda para mostrar su disconformidad con el desahucio que iba a practicarse, «nunca hubo violencia física» ni insultos dirigidos a los agentes de la autoridad. Cogollos añade que las imágenes que se obtuvieron de aquellos hechos evidencian la presencia de unos quince agentes de Policía Local y la Guardia Civil y que, ante ellos, solo se ejerció la resistencia pacífica.
La PAH se solidarizó ayer con Joan Cogollos, como han hecho numerosas personas de la Safor, y el afectado, que tendrá que ir a juicio, denuncia que en este tipo de acciones, «cada vez existe una mayor represión», al tiempo que reclama la derogación de las leyes «que intentan criminalizar la denuncia de las injusticias».
