Ninguna de las administraciones implicadas parece tener la más mínimas intención de acometer el proyecto para aplicar el 'tratamiento terciario' en la depuradora de la Safor-Sur, situada en Gandia, adonde llegan las aguas residuales de 17 municipios de la comarca. Además de Gandia, el resto son Almoines, Bellreguard, Beniarjó, Beniflà, Benirredrà, Daimús, Guardamar de la Safor, la Font d'en Carròs, l'Alqueria de la Comtessa, Miramar, Palmera, Piles, Potries y Rafelcofer.
L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües de la Generalitat Valenciana (Epsar), acaba de adjudicar a la empresa Omnium Medio Ambiente la gestión de esa instalación por un periodo de cuatro años, por lo que percibirá, en todo este tiempo, la cantidad de 9,3 millones de euros. La depuración de agua se paga, posteriormente, con el recibo que se cobra a cada propietario de vivienda o industria ubicada en la zona.
Durante el tiempo de ese contrato no se contempla el proyecto, anunciado hace ya una década, para aplicar 'tratamiento terciario' al sistema de depuración. Esa actuación permitiría completar todo el ciclo y permitir la reutilización del enorme caudal que llega a la depuradora comarcal.
Según datos de la propia Epsar, el año pasado el sistema trató 13 hectómetros cúbicos de aguas residuales, a una media de 35.813 metros cúbicos diarios. Con el tratamiento actual la depuración se queda 'a medias' y no puede utilizarse para la agricultura, el baldeo o el vertido al cauce del río Serpis.
Así, no existe otra alternativa que inyectar el agua al emisario submarino para dejarla a dos kilómetros de la costa, pero, como se ha podido comprobar en las últimas fechas, esa tubería está deteriorada y, en el punto medio de su recorrido, seccionada, de manera que el caudal acaba en el mar mucho más cerca de la costa de lo que está previsto y de lo que sería deseable.
Una obra del Estado
Del sistema del tratamiento terciario para la depuradora de la Safor-Sur se viene hablando desde hace más de una década, pero no es la Epsar de la Generalitat la que debe financiar la obra, sino el Ministerio de Medio Ambiente. Ese departamento de la Administración central es el que asumiría toda la competencia sobre los usos que tendría el agua depurada y, por lo tanto, es al que le corresponde pagar.
Según datos del propio ministerio referidos a los tiempos en que se anunciaba el proyecto, el presupuesto de ejecución del sistema terciario rondaba entre los cinco y los seis millones de euros, y parte de ese dinero fue consignado en los planes del Gobierno de España hasta que el estallido de la crisis y el consiguiente recorte en las inversiones lo anuló.
Hace apenas unas semanas la publicación de estudios sobre el emisario submarino y la contaminación que puede generar el vertido reabrió el debate sobre la necesidad de acometer la obra porque, a partir de su puesta en funcionamiento, el caudal se podría verter directamente al cauce del Serpis. Esa acción, además, permitiría llenar de vida la desembocadura del río.
El caso de la depuradora de la Safor-Sur no es la única gran deficiencia en el sistema de tratamiento de aguas residuales en la Safor. La playa de Tavernes y toda Oliva esperan desde hace años la ejecución de nuevas instalaciones para poner fin a vertidos que, en diferentes grados, son contaminantes.
