Oliva, el municipio más afectado por dejar de ingresar el IBI de la AP-7, ha sido el primero en ponerse en movimiento para que ese descenso en sus ingresos ordinarios sea paulatino y permita a los ayuntamientos «adaptarse» a la situación.
La vicealcaldesa de la ciudad y delegada de Hacienda, Ana Morell, ya ha hablado con el responsable de Hacienda de la Diputació de València, el gandiense Vicent Mascarell, para que el ente provincial estudie alguna medida de compensación que se produzca durante los primeros años. Aunque se trata de algo muy incipiente, una de las posibilidades sería que, el año que viene, la diputación trasfiriera la totalidad del IBI de la autopista a los ayuntamientos de toda la provincia. Después, sucesivamente, pagaría el 75%, el 50% y el 25% de la cuantía dejada de percibir. A partir del cuarto año, en este caso 2024, finalizaría ese programa de «adaptación» de los municipios afectados.
