Una parte de los alcaldes y gobiernos locales de los municipios de la Safor cuyo término está atravesado por la autopista AP-7 se han puesto en guardia para exigir medidas, especialmente al Ministerio de Fomento, ante la inminente gratuidad de esa vía, que ha sido de peaje desde que empezó a funcionar, allá por los años 70 del siglo pasado.
Los usuarios de la AP-7 podrán circular sin pagar a partir del 1 de enero de 2020, y eso, entre otros aspectos, va a suponer un incremento del tráfico que soporte, lo que lleva a algunos alcaldes a pensar que pueden producirse problemas si no se adoptan medidas.
El tema fue analizado hace unos días en una reunión promovida por el PSPV-PSOE de Oliva a la que acudieron alcaldes y portavoces de esta formación afectadas por el trazado de la AP-7. En ese encuentro se puso de manifiesto los problemas de ruido que el tráfico de la autopista genera en urbanizaciones de Oliva, la Font d'en Carròs, Almoines o el Real de Gandia, de ahí que surgiera la propuesta de solicitar al ministerio la colocación de pantallas de absorción acústica en todos los tramos necesarios. De hecho, el Ayuntamiento de Oliva ya aprobó a principios de este mismo año una moción en ese sentido que, hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte de Fomento.
En segundo lugar figura la cuestión de los enlaces a las dos conexiones que la AP-7 tiene en la Safor. Habida cuenta que en Xeresa los accesos están bien resueltos, es Oliva el municipio que reclama mejoras. El enlace a la autopista desde la N-332, situado entre esta ciudad y l'Alqueria de la Comtessa, debería convertirse, a criterio de los socialistas de ambas localidades, en una gran rotonda, aunque inicialmente sea con carácter provisional, porque se supone que, a partir del próximo 1 de enero, una parte muy importante del tráfico se dirigirá hacia la AP-7, y eso convierte el cruce actual en peligroso.
En el sur de Oliva, a más largo plazo, ya está en fase de licitación el proyecto de la conexión de la autopista con las carreteras de Pego y la N-332, que previsiblemente estará acabado en 2022. Es a partir de esa fecha cuando Oliva quedará circunvalada por vías de alta capacidad y por eso, según explica la concejala socialista Ana Morell, ya se está trabajando primero en reclamar al Ministerio de Fomento dinero para la adecuación de la actual travesía urbana de la N-332 y, después, su desafección de la red de carreteras del Estado. Como ocurrió hace años en Gandia, esa vía revertiría a titularidad municipal y, por lo tanto, con el tratamiento de una calle más de Oliva.
IBI: Ministerio o diputación
Otro de los aspectos que surgió en la reunión de los socialistas de la Safor es la posible compensación a los ayuntamientos que, el año que viene, dejarán de ingresar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la empresa Abertis, que explota la autopista y a la que el negocio se le acaba este año. Se trata, en total, de cerca de un millón de euros para los ayuntamientos por cuyos términos discurre la AP-7, los más afectados de los cuales son Oliva, Gandia y Tavernes de la Valldigna. El representante del PSPV en la Diputació de València, Vicent Mascarell, señaló ayer que, en nombre de los municipios, pedirá al Ministerio de Fomento que estudie fórmulas para compensar esa importante reducción de ingresos para no menoscabar la hacienda de los municipios afectados. Dependiendo de la respuesta, la Diputación, como se sugirió en un primer momento, estudiaría asumir una parte del dinero.
