El caso de Alisa y su familia, con tres menores incluidos es, probablemente, el más significativo de los últimos desahucios que han tenido lugar en la comarca de la Safor. Viven, desde hace varios años, en una casa ocupada en Oliva porque la suya se quemó en un incendio y tuvieron que entrar con los pequeños a una que estaba abandonada. En verano del 2018 hubo un gran despliegue de vecinos y Guardia Civil y se detuvo su desalojo. En principio le daba tres meses de prórroga pero la situación finalmente se alargó. En medio otra paralización de lanzamiento.
Hasta ahora, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha advertido a través de la plataforma Twitter de que Alisa, su marido, José Marín y sus tres hijos podrían estar ante su última oportunidad y, por tanto, verse en la calle. En los últimos meses se han llevado a cabo negociaciones con la entidad bancaria propietaria de la vivienda para tratar de frenar el proceso «hasta encontrar una alternativa habitacional». Pero, ni una cosa ni la otra.
De momento, el organismo no ha podido encontrar vivienda para la familia y, además, «el banco no ha respondido a nuestra propuesta», por lo que, si nada lo remedia hasta entonces, podrían verse fuera. Así, irónicamente apuntan que «la única solución que le queda a la familia de Alisa es que le toque la lotería», un mensaje que ilustran con la foto de un boleto para el sorteo de Navidad del próximo 22 de diciembre.
