La liberalización de la AP-7 a su paso por la comarca de la Safor ha supuesto un alivio para los municipios del sur, por lo que representa para la histórica reivindicación de sacar la N-332 de sus cascos urbanos, pero, a su vez, deja las arcas de las localidades por cuyos términos municipales pasa un importante agujero en materia de ingresos por el IBI. Oliva se ha visto obligada a subir este impuesto a sus vecinos para poder mantener el nivel de ingresos y que no peligren servicios esenciales. Hace unas semanas, el ayuntamiento aprobaba la medida.
Tavernes de la Valldigna, de momento, se libra de tener que tomar una medida tan impopular. Todo, porque la Dirección General del Catastro incluirá en el censo de viviendas del municipio para el próximo año la regularización de unas 800 construcciones o parcelas en las que han detectado las llamadas Alteraciones no declaradas. Se trata de propiedades que en ejercicios anteriores estaban tributando por debajo de lo que corresponde a su naturaleza actual. En principio son viviendas o terrenos que han sido sometidos a una modificación (ampliación, construcción en solares que antes no lo estaban, instalación de una piscina, etc) pero que cuyas actuaciones no han sido declaradas al catastro para poder hacer la actualización de su valor.
La actuación permitirá al Ayuntamiento de Tavernes ingresar unos 220.000 euros más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Con ello, el consistorio compensará la práctica totalidad de los 242.000 euros que hasta ahora pagaba la concesionaria de la autopista AP-7 por el tramo que transcurre por la localidad, toda vez que a partir del próximo 1 de enero este vial estará gestionado por el Estado.
La Dirección General del Catastro, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha finalizado estos 800 expedientes que se iniciaron en 2016, como explicaba ayer a Levante-EMV el alcalde de Tavernes, Sergi González, que, a su vez, es el responsable local de Hacienda. «Aunque las inspecciones arrancaron hace tres años, estas regularizaciones no se incluyen en el censo municipal hasta ahora, por lo que las modificaciones de su valor catastral y, por tanto la regularización en el recibo del IBI, se aplicarán el próximo ejercicio», indicaba. El alcalde también explicaba que «en este 2019 se han abierto alrededor de 200 nuevos expedientes», estos, a su vez, se empezarán a cobrar en futuros ejercicios.
Catastro lleva a cabo las inspecciones mediante avionetas o drones. Estos trabajos tienen como objetivo detectar posibles irregularidades en propiedades que no están tributando lo que les corresponde. Esta medida se ha llevado a cabo en Oliva, el Real de Gandia, Palma o Simat, entre otros.
González dejó claro que el ayuntamiento vallero no se plantea incrementar el IBI para el año 2020. Sin duda, la regularización llevada a cabo por catastro permite aliviar la pérdida de ingresos que provocaba la liberalización de la autopista y, a su vez, mantener los servicios.
