Agotada la vía parlamentaria, a los que quieren tumbar el Pativel sólo les queda la jurídica. Y en ello están no sólo los afectados de la Safor, sino colectivos de otros puntos de la Comunitat Valenciana que tienen problemas similares como Vinaròs, Alcossebre, Torreblanca, Santa Pola o la Vila Joiosa.
La Ley de Costas y el Pativel son dos normas de administraciones diferentes; el Ministerio para la Transición Ecológica, en el primer caso, y la Generalitat, en el segundo, pero que se superponen sobre la misma franja litoral. Con todo, el Pativel va más allá y la distancia entre la ribera del mar que está sujeta a protección y limitaciones de uso la aumenta de los 20 metros que establece Costas a 500 metros.
En la Safor los agraviados por este deslinde están agrupados en la Asociación de Vecinos l'Ahuir, formada por pequeños propietarios y la empresa Rústicas. El nombre puede dar lugar a confusión, ya que además de afectados de Gandia, Xeraco y Xeresa, que fueron los primeros en recurrir judicialmente, posteriormente se sumaron los de Oliva, que llevan casi 30 años peleando contra el trazado de la línea de dominio público marítimo-terrestre de Costas.
La asociación, constituida en 2016 y con un centenar de miembros, celebró el martes pasado en Gandia su primera asamblea general, a la que asistieron unas cincuenta personas. Durante la reunión sobrevoló la misma idea, resumida por su presidente, Salvador Pons: «No cuestionamos que el Pativel tenga un fin loable, el de proteger el medio ambiente, sólo pedimos una cosa, que si la Generalitat quiere nuestros terrenos para ejecutar ese plan, nos los compre a un precio justo».
A partir de ahí los asistentes aprobaron por unanimidad las cuentas del ejercicio anterior y seguir adelante con la demanda contra la Generalitat que interpusieron el pasado 17 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia.
Sobre este asunto, Pons comentó, según informaciones que maneja el abogado de la asociación, que el TSJ podría dictar sentencia el año que viene, después del verano. La directiva también hizo un llamamiento a la unidad y a sumar a más propietarios a la causa, ya que calculan que en la Safor podría haber 900 perjudicados.
Vicente Barreres, en nombre de los afectados olivenses, calificó el Pativel de un plan «ideológico» e «injusto». Explicó que el Pativel no les quita la propiedad, pero sí derechos sobre la misma, «y ese es el truco que ha usado el Consell para no pagar indemnizaciones». En Oliva las parcelas comprendidas entre el Sector 5 y el Cámping Azul han pasado de ser terrenos urbanizables a no urbanizables de protección litoral. Por otra parte, el Ayuntamiento de Oliva también litiga en los tribunales contra el Consell a cuenta del Pativel, que abarca 1.174.000 m² del término municipal olivense, más de mil parcelas. En este caso se trata de un recurso contencioso-administrativo que presentó el Consistorio en octubre de 2018 a instancias de todos los partidos políticos, excepto EUPV, tras un acuerdo plenario.
A la reunión del martes acudieron los concejales Joan Mata y Yolanda Navarro, de Projecte Oliva, para apoyar a la asociación.
