El Ayuntamiento de Gandia concluyó ayer un proceso administrativo que empezó hace más de una década y que consistió en derribar cuatro viejos edificios de 104 viviendas precarias, conocidos como Grupo Simancas, y construir en su lugar un nuevo complejo con el mismo número de pisos, pero en dos bloques modernos y dejando en medio una plaza. Las plantas bajas de los dos inmuebles se destinan a equipamientos públicos.
La finalización de esa actuación tuvo lugar ayer mismo en el salón de plenos y se materializó con la adjudicación de los últimos 33 pisos, propiedad del ayuntamiento, a otras tantas familias, en en este caso en régimen de alquiler con opción a venta.
En unos días, la totalidad de los 104 pisos tendrá su inquilino. 41 de ellos son los antiguos propietarios del viejo Grupo Simancas o sus herederos. Otros 30, de titularidad municipal, están en régimen de alquiler. Y los últimos 33, adjudicados ayer, lo son en la modalidad de alquiler con opción a compra. Dependiendo de la superficie y la ubicación, los pisos entregados cuestan entre 230 y 280 euros al mes en alquiler y entre 70.000 y 80.000 euros en el caso de la compra. A esas cifras hay que añadir el IVA.
La alcaldesa de Gandia y la concejala de la Vivienda, Diana Morant y Amparo Victoria, respectivamente, mostraron ayer su satisfacción por la culminación de un proceso, que ciertamente ha durado mucho más de lo esperado, en el que se implicaron todas las Administraciones. Ayuntamiento de Gandia, Generalitat y Ministerio de Fomento, además de los propietarios, pusieron dinero para derribar Simancas y levantar Xocolateres. Porque también el nombre de este complejo urbanístico se ha sustituido. Se ha eliminado la reminiscencia franquista que suponía el Cuartel de Simancas y, al bautizar la plaza surgida en ese lugar, se ha querido rendir homenaje a las miles de trabajadoras que durante décadas pasaron por la fábrica de chocolates Nogueroles, también desaparecida, que estaba situada justo al lado de este complejo.
Entre los aspectos más importantes de la adjudicación realizada ayer, sin duda el hecho de que ya no queden viviendas vacías. Los actuales residentes reclamaban que concluyera cuanto antes la asignación de los pisos de propiedad municipal, porque durante el último año han tenido que sufrir ocupaciones ilegales de personas que han generado conflictos. A partir del momento en que los últimos 33 inquilinos entren, se podrá convocar una asamblea de las escaleras para normalizar la situación y abordar los problemas que surjan.
La plaza de les Xocolateres, los dos edificios de viviendas levantados en este lugar y las dotaciones públicas, entre ellas un centro social, otro cívico y locales de atención ciudadana, constituye un ejemplo de cómo la intervención pública permite la sustitución de viviendas precarias por otras modernas, y el esponjamiento y dinamización de zonas urbanas saturadas.
