La sección undécima de la Audiencia Provincial de València a vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Gandia en el contencioso que mantiene con la empresa Becos a raíz de la decisión de cerrar y alquilar la discoteca Cocoloco, que estaba en la primera línea de la playa.
A pesar de que, en 2012, el entonces alcalde de Gandia, Arturo Torró, y la familia Costa, propietaria de Cocoloco, anunciaron un acuerdo para el cierre de ese local, lo cierto es que todavía hoy se arrastran problemas judiciales.
En esta ocasión Becos había demandado al ayuntamiento para conseguir el pago de otros 400.000 euros por el alquiler de la discoteca a pesar de que ya había cobrado una cifra idéntica fruto de un pacto extrajudicial que los tribunales validaron.
El ayuntamiento se ha negado a desembolsar más dinero, lo que le habría supuesto a Becos una suma de 800.000 euros por el alquiler de un local de ocio que, sorprendentemente, el ayuntamiento nunca llegó a utilizar. El exalcalde Torró dijo que buscaría una empresa a la que realquilar las instalaciones y evitar así que esa operación supusiera un gasto para el ayuntamiento, pero no lo consiguió, por lo que tuvo que abonar el dinero del arrendamiento con cargo al consistorio.
Los portavoces del actual Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto y Josep Alandete, señalaron ayer, al revelar esta sentencia, que lo hecho por el PP en la legislatura 2011-2015 con Cocoloco es «de dudosa legalidad», y recordaron que el ayuntamiento no sacó ningún provecho de aquella operación.
El cierre de Cocoloco, que todavía tiene causas pendientes en los tribunales, supuso una rocambolesca historia que incluyó acuerdos que inicialmente se ocultaron, entre ellos la compra de terrenos propiedad de Becos por los que el ayuntamiento pagó casi un millón de euros.
