El Ayuntamiento de Oliva y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat, que dirige Rubén Martínez Dalmau, están trabajando coordinadamente para evitar un desahucio previsto para el próximo viernes en la calle de l'Amuixic de Oliva. El lanzamiento dejaría en la calle a una mujer con tres hijos, de los cuales dos son menores de edad.
Según ha informado la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de la Safor (PAH), que desde hace años lucha para que nadie pierda su vivienda, sean cuales sean las condiciones en la que se encuentre, la familia afectada percibe unos 600 euros al mes que llegan de la Renta Valenciana de Inclusión, pero no ha podido encontrar una vivienda con un alquiler acorde con esos ingresos y teniendo en cuenta los gastos a los que tiene que hacer frente la mujer en el día a día para cuidar de sus hijos.
Al no disponer de un lugar donde vivir, los afectados ocuparon ilegalmente la vivienda en la que ahora están, y es el banco propietario de la misma el que ha iniciado el procedimiento que terminará, si no se soluciona antes, en el desahucio previsto para este próximo viernes.
Como en anteriores ocasiones, la PAH de la Safor divulgó el caso y pidió a las administraciones que actuaran para evitar que la familia se quede en la calle. También llamó a la movilización social ciudadana y convocó una concentración pacífica ante la casa el mismo día y a la misma hora en que está previsto el lanzamiento.
Apenas unas horas después de su mensaje, el propio conseller de Vivienda respondió con dos frases llenas de contenido: «Estamos sobre este caso y buscaremos una solución. Ninguna familia puede quedarse en la calle», tuiteó Martínez Dalmau.
La concejala de Servicios Sociales y Comercio de Oliva, Yolanda Balaguer, también confirmó ayer a este periódico que su departamento está haciendo las gestiones necesarias para buscar una solución, y confió que el banco propietario suspenda esa actuación al menos hasta que se encuentre un lugar en el que puedan vivir. El ayuntamiento ha presentado ya un informe al juzgado que lleva el caso sobre la vulnerabilidad social de la familia.
La concejala Balaguer, que justamente el lunes estuvo en la Conselleria de Vivienda abordando estas cuestiones, explica que en Oliva el listado de personas que pueden perder sus casa en un futuro próximo «va en aumento» y por eso solicita a la Generalitat la máxima diligencia en aplicar soluciones.
El propio conseller Dalmau reconoció que esta ciudad está entre las prioridades de su departamento para adquirir vivienda o disponer de ella para impedir que se produzcan desahucios.
