La vicealcaldesa socialista de Oliva, Ana Morell, desgranó ayer, cronológicamente y con un amplísimo dosier documental que entregó fotocopiado a los medios de comunicación, el relato de las obras realizadas en su vivienda familiar, cuyo promotor es su esposo, que han generado la querella presentada, por prevaricación, contra el alcalde de Oliva, David González, de Compromís, con quien está gobernando en esta legislatura, y contra los otros tres concejales de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura: Yolanda Pastor, Pepe Salazar y Vicent Canet.
Morell, que reconoce lo «kafkiano» que supone haber votado para alcalde y gobernar con una persona a la que acusa de haber cometido prevaricación, no aflojó su discurso porque, según señala, «es mucho» lo que ha tenido que sufrir por este conflicto que afecta a su ámbito personal y familiar.
Morell, acompañada de su colaborador en el Ayuntamiento de Oliva, Vicent Miñana, respondió a todas las preguntas que le plantaron los periodistas, pero antes de ello quiso ordenar sobre la mesa, uno tras uno, y citándolos expresamente, los doce informes técnicos realizados por funcionarios municipales y por el gabinete de letrados al que suele recurrir el ayuntamiento en materia de Urbanismo, para señalar que «en todos ellos» se avala «la legalidad» de la licencia de obras que le permitió llevar a cabo la reforma de su casa, una actuación que está finalizada desde hace años.
Durante sus explicaciones, y en una clarísima alusión al alcalde olivense, Morell señaló que la retirada de esa licencia por dos ocasiones, «contraviniendo los informes técnicos municipales», tuvo lugar coincidiendo con elecciones municipales en las que ella asumía un papel político relevante, por lo que no dudó de que, en su opinión, todo este proceso ha supuesto «un ataque por ser quien soy», y, aún más, «una persecución de carácter político a la líder del PSOE de Oliva» que se ha cometido «usando medios de la Administración». Por todo ello, volvió a justificar la acción penal que su marido ha planteado contra el alcalde y los otros tres concejales o exconcejales de Oliva.
Una «ilegalidad subsanada»
De lo dicho por la vicealcaldesa y de la documentación que fue desgranando, todo surge cuando, con una licencia de obra menor en su vivienda, se llevan a cabo actuaciones que requieren una licencia de obra mayor. Ahí, y según reconoció Morell a pregunta de este periódico, se produce una actuación ilegal que, a su criterio, se subsana cuando el consistorio aprueba la modificación de la licencia que plantea el propio promotor.
Es entonces cuando aparecen dos ciudadanos de Oliva que han mantenido contenciosos y enfrentamientos políticos con Morell y que abren toda una batalla administrativa y judicial para intentar demostrar que esa licencia de obras es ilegal, e incluso que se ha obtenido mediante la comisión de delitos.
Siempre según la versión de Morell, el alcalde «compró» un informe jurídico externo a una abogada para justificar la retirada de la licencia de obras, un decreto de febrero pasado que está recurrido judicialmente y pendiente de resolución en un tribunal de lo contencioso administrativo.
Aunque Morell reconoce lo «enrevesado» que supone explicar la cuestión técnica de la polémica licencia de obras, gran parte de la controversia se sitúa en si la modificación de un patio interior de la vivienda familiar es o no legal. Ahí hay informes contradictorios, pero los técnicos que han redactado el proyecto presentado por la familia de la vicealcaldesa señalan que prevalece una normativa para ofrecer cédula de habitabilidad a la vivienda y que jurídicamente está por encima de la protección de ese patio que figura en el Plan General de Ordenación Urbana de Oliva.
