Los dos polémicos y judicializados contratos que el exalcalde de Gandia del PP, Arturo Torró, firmó en 2012 con sendas televisiones privadas apenas unos meses después de que ordenara cerrar la pública Gandia Televisió ya han derivado en una primera resolución judicial que supone un auténtico varapalo para el exalcalde y para quienes fueron dos de sus más estrechos colaboradores.

Torró, junto a Javier Reig y Gonzalo Morant, que durante la legislatura del PP asumieron responsabilidades en la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), tendrán que devolver 560.094 euros al ayuntamiento. Esa cifra responde a los 480.000 euros que suman los cinco pagos que, entre los años 2013 y 2015, IPG realizó a la empresa Comarques Centrals Televisió, a la que se añaden los 80.094 euros de los intereses devengados desde aquel momento.

La instructora del Tribunal de Cuentas que ha llevado este caso considera que el Ayuntamiento de Gandia, a través de IPG, nunca debió pagar esa cantidad a Comarques Centrals Televisió, de manera que observa un «alcance contable» que los tres implicados deben devolver a las arcas públicas municipales.

La notificación del Tribunal de Cuentas no es firme, sino que ahora se abre un periodo de alegaciones al que, según señaló Arturo Torró, los tres afectados se acogerán.

En este caso la instructora del Tribunal de Cuentas prácticamente copia el argumento fijado en un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia que, como informó este periódico, está a un paso de abrir juicio oral contra el exalcalde del PP y otras personas por los contratos que formalizó con las dos televisiones privadas y, especialmente, por el pago de dinero público que destinó a esas empresas, la citada Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo.

En esa resolución, el juez asume el escrito presentado por la Fiscalía que, tras analizar la abundante documentación aportada y las declaraciones practicadas a los acusados y a los testigos, considera que los contratos con esas mercantiles, de 1,5 millones de euros cada una, encubrieron pagos fraudulentos. En resumen, lo que el juez viene a decir es que las licencias para emitir programas que les había concedido la Generalitat Valenciana ya obligaba a ambas televisiones a difundir programas de contenido local, y, por lo tanto, ningún euro tenía que salir del ayuntamiento para el cumplimiento de ese objetivo.

Lo más sospechoso es que una de las empresas, Comarques Centrals Televisió, comunicara por escrito que no podía cumplir con el contrato firmado y, sorprendentemente, pidió, y obtuvo, una indemnización al ayuntamiento cuantificada en medio millón de euros. Ese dinero, abonado desde IPG, es que el Tribunal de Cuentas obliga a devolver ahora.

La cifra a retornar, en el caso de que la resolución se confirme, no se reparte para los tres por igual. Atendiendo a la responsabilidad de cada uno, Torró debería hacerse cargo de 223.455 euros. Gonzñalo Morant, que fue gerente de IPG, de 220.046 euros. Y Javier Reig los restantes 116.591 euros.

Nadie se ha llevado dinero

Tras conocer esta resolución, el exalcalde gandiense indicó que no se trata de un fallo firme, anunció que presentarán alegaciones y se mostró convencido de que la orden de devolver el dinero «se anulará». Como bien señala el Tribunal de Cuentas, Arturo Torró remarcó que nadie se ha llevado dinero de esta operación bajo sospecha, y concluyó que, en todo caso, lo único que pudo ocurrir «es que nos equivocáramos».