Pedro Sánchez es, desde ayer, presidente del Gobierno de España. En los próximos días hará pública la configuración del nuevo Ejecutivo que gestionará los designios del país. El socialista, que estará al frente de un equipo del que también forma parte el grupo Unidas Podemos, afronta esta nueva etapa con más de 300 compromisos, los que ha cerrado con grupos que han permitido su investidura en forma de apoyo directo o mediante la abstención. Pero su agenda, como es lógico, es muchísimo más amplia. Y en la comarca de la Safor los nuevos ministros tienen mucho, mucho trabajo pendiente.
Algunas de estas obras llevan olvidadas por la administración central desde hace años, pese a que son ampliamente reivindicados por ayuntamientos y vecinos. Los alcaldes ya tienen el boli y la libreta preparados para pedir esas inversiones y ven la oportunidad de que este nuevo gobierno de coalición dé al menos los primeros pasos para que puedan ser una realidad a lo largo de esta legislatura, si es que dura los cuatro años establecidos y no se produce algún hecho antes del 2023 que acabe en unas nuevas elecciones de forma precipitada.
Los trabajos para el Tren de la Costa tenían que haber empezado en el año 2017. Van, por tanto, con dos años de retraso. El proyecto total, que alberga una construcción de ancho ibérico entre Alicante y Valencia contempla una inversión de 1.500 millones de euros, que incluye obras importantes en la Safor. Entre ellas se encuentra el reivindicado tren de cercanías entre Gandia, Oliva y Dénia.
El tramo que une las dos ciudades más grandes de la comarca se encuentra en estos momentos en la fase de estudio. El trabajo ahora se centrará en seguir con los trámites para que en los próximos cuatro años puedan iniciarse las obras. Pero, además, no hay que perder la perspectiva, porque aún hay que afrontar la reivindicación de los ayuntamientos para sumar el tramo desde Oliva hasta Dénia. Parte del proyecto del Tren de la Costa es el plan de Cercanías. Este proyecto afecta de lleno a la comarca, en tanto que incluye el desdoblamiento de la línea entre Cullera y Gandia, que ya está en marcha. Este proyecto se encuentra en fase de redacción, documento que se presentará más o menos en el plazo de un año. Así pues, el nuevo Gobierno debe afrontar la futura la licitación de los trabajos, que se estima que costarán 139 millones de euros y, especialmente, el inicio de las obras de una actuación fundamental para la Safor.
El presidente Sánchez aseguraba en su discurso en el debate de investidura que su Gobierno, en los próximos años, va a dar mucha importancia a la depuración y reutilización de aguas. Ahí, sin duda, tienen mucho que reivindicar dos ciudades de la Safor. Oliva espera desde hace décadas una depuradora que dé un correcto servicio a su término municipal, demostrado que la actual está obsoleta y hace que la ciudad vierta al mar cierta cantidad de agua contaminada. Este servicio depende del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La inversión prevista roza los 18 millones de euros, tendrá capacidad para depurar 15.000 metros cúbicos diarios y contará con un sistema de depuración terciaria, es decir, apta para el regadío. El proyecto cuenta con el informe ambiental favorable para su construcción en una parcela de casi 50.000 metros cuadrados situada entre el polígono Casals y la carretera N-332.
Por parte de la ciudad de Gandia, la reivindicación para los próximos cuatro años será la instalación del servicio de tratamiento terciario de la depuradora Safor-Sur y la retirada o mejora del emisario submarino, que vierte agua sucia al mar debido a que se encuentra en mal estado. Este servicio recoge las aguas residuales de 17 municipios de la comarca de la Safor. El proyecto estima una inversión de seis millones de euros y, como la mayoría, es ampliamente reivindicado.
Otro punto caliente para el Gobierno en la Safor está en las playas. Especialmente grave es el caso de la Goleta de Tavernes de la Valldigna por la regresión que sufre. Más allá del vertido de arena periódico, el Gobierno sabe (porque un estudio realizado por el Cedex así lo apunta) que la solución pasa por la construcción de un dique en Cullera, pero no hay visos de que ese proyecto vaya a ser una realidad en los próximos cuatro años.
Recientemente ha acabado una nueva reposición de arena, pero ya se puede adelantar que no será el último, porque es muy probable que, por lo visto cada vez que ocurre, al primer temporal duro de levante o del noreste el mar se vuelva a engullir la arena. El proyecto del que habla el Cedex no está valorado pero incluye la inyección de más de dos millones de metros cúbicos de arena. Actuación urgente necesitan otras playas del sur, como Piles, que también sufre regresión desde hace varios años.
Es poco probable que se haga nada, por la actitud que han tenido los gobiernos hasta ahora, pero la laminación del Vaca a su paso por Simat, Benifairó, Tavernes de la Valldigna y Xeraco debería estar marcada en rojo en la agenda del nuevo Gobierno. De hecho, hace más de una década fue declarada como prioritaria para evitar inundaciones en toda esa cuenca. Este proyecto llegó a estar licitado por Acuamed, que preveía una inversión de 40 millones de euros. Su función es muy clara: acabar con el peligro de inundación que sufren estos municipios. Los argumentos para esta obra los dan las lluvias que casi cada otoño y primavera amenazan con anegar las calles y viviendas. De esta obra, además, depende, nada menos, que la legalización de toda una urbanización de Tavernes de la Valldigna (el Vergeret), la cual una sentencia del Tribunal Supremo obliga, literalmente, a demoler por estar construida en la zona inundable del río. También de este proyecto depende que se apruebe la circunvalación de la carretera que sacaría el tráfico del casco urbano de Tavernes.
En el mismo plano, el Estado también tiene pendiente de terminar, en la rambla de la Gallinera, la obra contra inundaciones de Oliva, de la que falta por construir una presa. El ingeniero de la obra, Julián Cid, avisaba en 2017 que el proyecto «es viable» además de «necesario».
En lo que respecta a las infraestructuras viarias, una vez finalizado el acceso sur al puerto de Gandia e inaugurado en 2019, el Gobierno debe ejecutar el Enlace Sur de Oliva y, al menos, estudiar la petición que hizo la exconsellera de Infraestructuras, Maria José Salvador, cuando en la pasada legislatura reivindicó una cofinanciación Generalitat-Estado para enlace de la autovía de l'Olleria, que acaba en Beniflà, hasta la AP-7 y la N-332, un proyecto de un coste estimado de 50 millones de euros, según anunciaba en una visita a Gandia la propia Salvador.
