La denuncia presentada por un joven, a través de la Plataforma per la Llengua, contra la Guardia Civil por discriminación lingüística al obligarle, según indicaba, a hablar en castellano y no en valenciano durante un control de consumo de alcohol y drogas realizado durante los días del Festivern de Tavernes de la Valldigna, ha destapado un enfrentamiento entre dos asociaciones de la Guardia Civil.
Tras la denuncia conocida el pasado martes en la que el afectado alegaba que los agentes le advirtieron al hacerle el alto cuando circulaba con su coche con llevarle al cuartel si seguía hablando en valenciano, la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) respondía el miércoles a estas acusaciones con un comunicado en el que apuntaba que los agentes «no pidieron en ningún momento al conductor ni a los ocupantes del vehículo que utilizasen la lengua castellana».
La entidad defendía, a su vez, que los guardias civiles actuaron «correctamente» y que, al contrario de lo que se denuncia, fueron los jóvenes quienes «exigieron a los agentes que le hablasen en catalán o en valenciano». Aprogc también denunciaba en su escrito que el joven dijo a los agentes que «si no le hablaban en el idioma de su país no les reconocería como agentes de la autoridad y haría caso omiso a sus indicaciones».
Pues bien, ayer hubo respuesta a esta respuesta. La hizo pública la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), que, a través de un comunicado, desacreditaba la reacción de Aprogc el día anterior y denunciaba que esta entidad era «ajena» al asunto. La asociación criticaba, además, que, al informar sobre lo sucedido, ha incurrido en una «clara connotación ideológica, con la finalidad de complicar, aún más si cabe, la ya de por sí difícil labor de los agentes y deteriorar gravemente su convivencia en la provincia».
Desde Jucil aseguraban también ayer, además, que la versión facilitada por Aprogc «no está contrastada con los agentes afectados», puesto que estos prefieren guardar silencio sobre los hechos «para no perjudicar ni interferir en cualquier investigación que pudiera llevarse a cabo», algo que les consta porque uno de los agentes denunciados por parte del joven es asociado de Jucil.
«Total profesionalidad»
De hecho, como apunta el escrito de la asociación, Jucil «ha ofrecido sus servicios jurídicos a su asociado en aras de un justo desenlace» y «partiendo de la base de que tan reprochables y punibles serían los hechos de los que se le acusa como la falsedad en la acusación».
Según Jucil, los agentes de Tavernes de la Valldigna que han sido denunciados por parte del joven y Plataforma per la Llengua «vienen desarrollando a diario con total profesionalidad y normalidad todos los cometidos relacionados con su especialidad, interactuando con los valencianos sin que jamás el idioma haya supuesto un impedimento en todos sus años de servicio en la comunidad», insiste el comunicado.
