El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gandia ha puesto fin a un contencioso que ha permitido comprobar, desde la Administración local, lo complicado que resulta echar a un okupa de una vivienda cuando el afectado no tiene la más mínima voluntad de salir de ese lugar.
Ha ocurrido en un piso de la calle del Cardenal Cisneros de Gandia en una rocambolesca historia que se inició hace más de cuatro años y que ha concluido con sentencia de dicho juzgado anunciando «a los ocupantes desconocidos» del inmueble que deben abandonarlo. La causa judicial se ha prolongado durante un periodo de año y medio.
Los hechos se remontan a 2016, cuando el Ayuntamiento de Gandia asignó una vivienda social a una mujer de avanzada edad para que pudiera vivir, dado que no disponía de recursos propios para alquilar o comprar. El caso es que la anciana acogió allí a su nieto, quien, tras la muerte de la titular, se negó a abandonar el piso. Los Servicios Sociales municipales, los técnicos del departamento de Vivienda y la Policía Local de Gandia trataron en varias ocasiones de notificarle que se marchara de allí, pero todo fue el balde.
Droga y perros peligrosos
En un escalón más de esta historia, el nieto de la mujer fallecida aprovechó la ocasión para endosársela a un deudor suyo, que se puso a vivir allí. En todo ese proceso la Policía Nacional incluso tuvo que actuar al tener sospechas de que en la vivienda se están desarrollando actividades ilegales, y más concretamente un asunto relacionado con sustancias estupefacientes. De manera que la policía detiene a quien en ese momento está en el piso, y es entonces cuando «una mujer extranjera», según señalan fuentes consultadas, entra, sin ninguna autorización, y se pone a vivir con dos o tres perros potencialmente peligrosos, que ocupan una de las habitaciones, causando muchas molestias. Cuando se va, tiene que ser la Administración quien se encargue de los animales, que fueron acogidos por la Protectora en el albergue de Gandia.
En toda esta historia, los auténticos sufridores fueron los vecinos del edificio de Cardenal Cisneros, que una y otra vez denunciaron las molestias que causaron los inquilinos que «heredaron» el piso tras la muerte de la mujer titular. Ella fue, en realidad, la única que estuvo allí legalmente.
Así, el ayuntamiento no tuvo otra alternativa que iniciar la vía judicial para recuperar la vivienda que los ocupantes se negaban a abandonar. El proceso concluyó dándole la razón, y la jueza ha ordenado a cualquier «ocupante desconocido» del piso que tiene que salir para que el ayuntamiento recupere la gestión y pueda entregarlo a otra persona que realmente la necesite.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, impone las costas procesales a la parte demandada, es decir, a los «ocupantes desconocidos», pero pocos dudan de que nadie se hará cargo de abonar esos gastos porque ni siquiera se sabe dónde notificar dicha resolución.
Además de las molestias a los vecinos, también el ayuntamiento ha sufrido la situación, pero son muchos los particulares que se ven abocados a tener que acudir a los juzgados cuando tienen que echar a una o varias personas de sus propiedades, bien sea porque han dejado de pagar el alquiler, bien porque están allí de «okupas».
Muchos juristas señalan, respecto a las normas de actuación en estos casos, que debería aprobarse un procedimiento mucho más rápido para «recuperar» esas propiedades cuando han entrado a vivir allí ilegalmente.
