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El Gobierno local desmiente al PP de Gandia, que denuncia un «colapso» en la ley de dependencia

La concejala Carmen Fuster acusa a Víctor Soler y Cristina Moreno de no tener información sobre ese asunto

El grupo del PP del Ayuntamiento de Gandia denunció ayer «los alarmantes datos del colapso en materia de valoración de dependencia» a vecinos de esta ciudad. El portavoz, Víctor Soler, y la concejala responsable del área de Bienestar Social en el PP, Cristina Moreno, revelaron datos que, en su opinión, «dejan patente el colapso que en este servicio».

«Tenemos los mejores profesionales, pero existe una mala dirección política y escasos recursos económicos para atender las necesidades de la población. Cuando vemos que en otros departamentos se incrementa la plantilla sin ningún problema, el departamento de Bienestar Social sólo cuenta con 4 trabajadoras de valoración de dependencia para toda Gandia, lo que a todas luces en insuficiente», dijeron Soler y Moreno, quienes señalaron que a lo largo de 2019, el número de personas dependientes sin valorar por parte de los servicios municipales ha pasado de 244 a 744. «Lamentablemente a veces la ayuda a la dependencia llega cuando el interesado ya ha fallecido», apuntaron ambos concejales del PP.

En respuesta a esas afirmaciones, la concejala de Bienestar Social, Carmen Fuster, y la responsable del Departamento de Bienestar Social, Dolores Sanchis, negaron tajantemente esos datos.

La concejala afirmó que «de ninguna manera se puede hablar de colapso en el servicio», que «el problema es que el PP necesita tener más información y no han venido a solicitarla al departamento», y que Víctor Soler y Cristina Moreno «han mezclado datos de determinadas actuaciones». «No se puede tratar un tema tan sensible con estas formas», remachó Carmen Fuster.

Fuster dijo que durante el gobierno del PP «no se atendió la dependencia en absoluto» y que cuando entraron el PSOE y Compromís «se encontraron cerca de 15.000 expedientes de dependencia que se habían escondido en los cajones», por lo que la conselleria de Bienestar Social solicitó a los Ayuntamientos que se encargaron de canalizar estos documentos, «un trabajo titánico» que se desarrolla desde 2017 con el fin de poner al día todos los trámites de la ley de Dependencia.

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