La Fiscalía de València ha solicitado penas de hasta cinco años de prisión por delitos contra la salud pública y asociación ilícita para el presidente, el secretario y el tesorero de la Asociación de Usuarios para el Estudio Terapéutico del Cannabis de Gandia.
Esta asociación, según consta en el escrito de acusación del fiscal, fue creada en diciembre de 2014 con la finalidad del cultivo de plantaciones de marihuana y su posterior distribución, tras el secado y procesado de las plantas, a los miembros de la entidad.
Para ello, sus directivos habían arrendado una nave industrial ubicada en el polígono Alcodar de Gandia en la que se instalaron focos, ventiladores, extractores y sistemas de riego y en la que la policía encontró 73 plantas medianas y 147 plantones, con un peso total útil de 1.200 gramos.
Estas plantas hubiesen tenido un precio en el mercado ilícito superior a los 5.800 euros, según recoge el fiscal en su escrito provisional. En consecuencia, se reclama para cada uno de los tres acusados una pena de dos años de prisión y 10.000 euros de multa por un delito contra la salud pública.
Además, para dos de ellos (presidente y secretario de la asociación) se pide una condena de 3 años de prisión y una multa de 9.000 euros por asociación ilícita, y para el tercero la petición de condena se reduce a dos años, aunque con idéntica sanción económica.
El fiscal interesa, asimismo, la destrucción de la droga intervenida, la disolución de la citada asociación y que los procesados se hagan cargo de las costas procesales.
La apertura de establecimientos por parte de asociaciones relacionadas con el consumo legal de marihuana llegó a generar polémica en Gandia. En 2014 una de ellas solicitó autorización para abrir un «club de fumadores» en una planta baja situada en el tramo final del paseo de les Germanies. El ayuntamiento, sin embargo, anunció que no daría permiso, y la Policía Nacional abrió una investigación sobre las actividades de la entidad.
