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El alcalde de Oliva declara al juez que la retirada de la licencia a la vivienda de Morell se ajustó a la legalidad

? David González señala que fue el querellante quien, en su opinión, cometió irregularidades urbanísticas

David González, alcalde de Oliva, de Compromís, declaró ayer que, bajo su criterio, nunca incumplió la ley en el proceso administrativo que, el pasado mes de febrero, terminó con la retirada de la licencia de obras a la vivienda de la vicealcaldesa de la ciudad, la socialista Ana Morell.

González acudió ayer, en calidad de investigado, para prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia a raíz de la querella interpuesta por el marido de la vicealcaldesa, que le acusa de prevaricación administrativa cometida en el acto de retirarle la licencia de obras.

Según señaló la primera autoridad local al término de su comparecencia ante el juez, las obras que se realizaron en la vivienda familiar de Morell no cumplían ni los preceptos del Plan General de Ordenación Urbana ni otras normas vigentes de construcción, lo que generó la apertura de ocho expedientes administrativos.

David González señaló que toda su actuación en este asunto fue ajustada a derecho, cumpliendo la ley, y añadió que, en realidad, quien cometió irregularidades fue la parte querellante, en referencia al promotor de la obra y a su esposa, la vicealcaldesa socialista olivense.

El alcalde concluyó que el decreto que firmó, y que supone la retirada de la licencia de obras, se sostiene con los informes de los técnicos municipales que, bajo su criterio, señalan que los trabajos en la vivienda incumplían las normas.

Como ha publicado este periódico en varias ocasiones, la retirada de la licencia de obras también está impugnada en la vía del contencioso administrativo porque los promotores consideran que sí se ajustan a derecho.

Las obras en la casa de Ana Morell también están siendo investigadas por otro juzgado de Gandia a partir de la denuncia presentada por una particular a la Fiscalía de València. La denunciante, que realizó un relato con gran profusión de documentos, apreciaba varios delitos, entre ellos los de prevaricación y tráfico de influencias, que implicaban también a técnicos municipales.

Por esta investigación judicial la vicealcaldesa y su esposo ya declararon el pasado mes de enero ante el juez que instruye el sumario, y ambos negaron tajantemente las acusaciones y el relato realizado por la particular.

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