La posible construcción de una gasolinera en el solar situado junto al colegio Hort de Palau, que encuentra el rechazo de la comunidad escolar y de todos los partidos políticos de la ciudad, ha llegado a los tribunales. Y, de momento, el primer tanto se lo han anotado los promotores de esa instalación.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de València ha anulado el decreto firmado por el alcalde de Oliva que suspendía cautelarmente la licencia de obras concedida a la empresa Inversiones Petrolíferas Oliva, hecho ocurrido en octubre de 2016, por considerar que esa acción no se ajusta a derecho.
Ahora bien, la resolución no es firme y el Ayuntamiento de Oliva ha decidido recurrirla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que tendrá la última palabra.
La cuestión, sin embargo, es más compleja porque, paralelamente a este procedimiento judicial, el Ayuntamiento de Oliva, sin que nadie presentara alegaciones, aprobó, y ya está en vigor, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que prohíbe ubicar gasolineras a menos de cien metros de las áreas residenciales o del suelo urbanizable residencial. De manera que prohibir esa gasolinera junto al colegio Hort de Palau entraría plenamente en ese nuevo ordenamiento.
Por ese motivo, el alcalde olivense, David González, señaló ayer a este periódico que hace apenas unos días firmó otra resolución mediante la que resuelve la revocación definitiva de la licencia de obras, de manera que la gasolinera no se puede construir. Recuerda la primera autoridad local que la licencia que se le concedió y que ahora ha sido retirada afectaba exclusivamente a la ejecución de la obra, porque la empresa promotora nunca dispuso, ni dispone, de la licencia de actividad, imprescindible para poder abrir la gasolinera.
En este escenario, y atendiendo a que desde la empresa Inversiones Petrolíferas Oliva se insiste en que, bajo su criterio, tienen derecho a construir y a solicitar los permisos para poner en funcionamiento la gasolinera, todo apunta a que el conflicto acabe con una indemnización del consistorio a la mercantil que atendería a los gastos ocasionados hasta el momento en que se suspendió cautelarmente la licencia.
Oliva, como publicó este periódico, figura entre los primeros municipios de la Comunitat Valenciana, y también del conjunto de España, que concluyó un proceso administrativo para no autorizar la instalación de estos establecimientos en áreas cercanas a las viviendas. Ahora hay dos en esas zonas, situadas ambas junto a la travesía de la carretera nacional 332, justo en el límite norte y sur del casco urbano, y las dos podrán mantenerse abiertas.
