El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha iniciado un procedimiento administrativo a través del cual declara que Pro-Vergeret SL, empresa que tiene la condición de agente urbanizador del Vergeret, ha incumplido sus compromisos como tal y, por tanto, avanza en el procedimiento para recuperar la gestión de la zona.
La apertura del expediente se debatía y aprobaba por parte de los grupos municipales en el pleno del pasado mes de febrero. El incumplimiento al que se refiere el procedimiento es el impago por parte de esta empresa a los propietarios de una nave a la que, según una sentencia, cobraron cuotas de urbanización que no correspondían. La cantidad ronda los 170.000 euros. Tras varios requerimientos reclamando a Pro-Vergeret que cumpla con la resolución judicial, el ayuntamiento abre este expediente que, a su vez, será remitido al juzgado que emitió la sentencia para que tenga conocimiento.
Mediante este proceso, el ayuntamiento avanza en la retirada a la empresa de la condición de agente urbanizador para pasar a gestionarla de forma directa. Para ello queda mucho pero, entre otras, pasa por que el municipio se quede la fianza que en su día depositó la empresa y que ronda los 400.000 euros. Ese dinero se destinaría a pagar los 170.000 a los que obliga la sentencia y, por otra parte, a acometer las obras que restan para dar por finalizada de forma definitiva la urbanización. Cabe destacar que estas obras nunca se han recepcionado por parte del ayuntamiento pese a que hace más de una década que los edificios que allí se construyeron están llenos de vecinos y vecinas.
La urbanización Vergeret lleva años siendo una patata caliente para el ayuntamiento. Sus problemas empezaron prácticamente desde el primer momento, en tanto que las obras se llevaron a cabo sin respetar la zona de policía del río. Una sentencia del Tribunal Supremo confirmaba una anterior del TSJCV que declaraba ilegal la urbanización y, por tanto, obligaba a demoler los edificios más próximos al río Vaca a su paso por esta zona.
La sentencia, como es lógico, es complicado que se ejecute. Sin embargo, como en su día publicó este periódico, el ayuntamiento vivió momentos de tensión cuando los anteriores responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del PP, enviaron al ayuntamiento un requerimiento de ejecución forzosa para que se cumpliera con lo que pedía la resolución judicial, es decir, para que se derribaran los edificios afectados por la zona de policía del río.
La irregularidad estriba en que, según la sentencia, las obras se ejecutaron sin disponer de la pertinente licencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
