El Ayuntamiento de Gandia ha suspendido los pagos del alquiler aquellas familias que vivan en pisos de protección pública, sociales y de emergencia durante los meses de abril y mayo. Se trata de una medida excepcional derivada de la crisis del coronavirus, que está provocando que muchas personas tengan que dejar temporalmente sus trabajos por el cierre de empresas y comercios. Además, según establece el decreto, tiene carácter prorrogable, por lo que si la situación se alarga, el consistorio seguirá aliviando la situación de los más vulnerables.

Esta medida de supresión de pago, según el decreto, está dirigida a "asegurar la protección de los arrendatarios de viviendas que forman parte del parque inmobiliario del Ayuntamiento de Gandia en situación de vulnerabilidad", tras la aprobación del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por Covid-19.

Esta iniciativa beneficiará a 209 viviendas sociales de parque inmobiliario de Gandia: 147 propiedad del Ayuntamiento y 62 del EVHA (Entidad Valenciana de Vivienda), así como a medio millar de personas.

El Ayuntamiento de Gandia se suma así a la iniciativa de la Generalitat Valenciana, que anunció el viernes la exoneración del pago del alquiler a los inquilinos afectados por el coronavirus; y cumple con la directriz del Estado, que obliga a implantar medidas de protección a la población especialmente vulnerable.

El Consistorio, de oficio, aplicará directamente la exoneración del pago del alquiler a los inquilinos, sin necesidad de que se realice trámite o instancia por parte de las familias y unidades de convivencia afectadas.

Por otra parte, siguiendo el decreto estatal y la protección de las personas más vulnerables, en Gandia tampoco se va a permitir ningún lanzamiento o desahucio que afecte las viviendas de propiedad municipal, paralizando todos los procesos judiciales que en este sentido se encontraban en proceso de ejecución.

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha manifestado que es "de especial importancia" garantizar el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos y también a aquellos que por su situación de especial vulnerabilidad pueden ver reducir sus ingresos a consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

"Somos conscientes de las dificultades que van a atravesar muchas de las familias que disponen de los alquileres sociales que facilitamos desde el ayuntamiento. Y no queremos que nadie se preocupe por no poder pagar su vivienda en estos momentos de crisis", indicaba Morant. "No queremos que nadie se quede sin hogar".