UnddddLos peluqueros de la Safor siguen con su clientela habitual y se están recuperando del parón que supuso el confinamiento por el coronavirus, pero están preocupados por otra derivada, y es que no lleguen a la facturación de antes de la crisis, debido fundamentalmente a tres aspectos: la escasez de eventos sociales, la suspensión de fiestas populares y patronales en casi todos los pueblos, y la incertidumbre del turismo, del que también viven algunos negocios en verano.
A esto hay que sumar la competencia desleal de aquellos que trabajan «en B» en casas particulares, un fenómeno que no es nuevo, pero que en épocas de crisis como la actual hacen bastante daño a aquellos que pagan religiosamente los impuestos para ofrecer sus servicios.
Para luchar contra estos y otros problemas del gremio se ha creado recientemente la Asociación de Peluqueros y Estética de la Safor (APES), la primera iniciativa en la comarca que une a los profesionales del sector, en un mundo tan competitivo como este.
La asociación empezó a gestarse hace un año, pero no ha sido hasta hace un mes cuando se ha podido constituir legalmente. También se han unido a FAES, la patronal comarcal, cuyo presidente en funciones, Juan Pablo Tur, les deseó lo mejor en esta nueva andadura colectiva.
Al presidente, Manuel Soler, le acompañan en la junta directiva Vicent Guijarro (vicepresidente), Fran Estruch (secretario) y Emilio Pozuelo, tesorero. Como vocales figuran Estefanía Benavent, Marta Tasa y Mireia Torres.
Volviendo al problema de los peluqueros que trabajan en negro en domicilios particulares, o los que tienen establecimientos legales pero contratan a trabajadores sin estar dados de alta, Manuel Soler considera que suponen «una competencia desleal» por lo que la administración debe aumentar las inspecciones para que aflore la economía sumergida.
«No sólo pasa en Gandia, en los pueblos también se dan casos, son negocios que evaden impuestos y ofrecen precios que no podemos asumir», apunta Soler. Aunque no tiene cifras exactas, calcula que al menos un 25% de la profesión trabaja de esta manera.
Por lo que respecta a la administración, otro de los puntos que APES quiere situar en la agenda es la rebaja del IVA que repercuten al cliente. En esto comparten las reivindicaciones de todo el gremio, como el de València, que es el espejo en el que se miran para poner en marcha la asociación. Actualmente es del 21%, y la asociación cree que ya estaría bien con un 10 por ciento.
«Las peluquerías son un servicio de primera necesidad, como ha quedado demostrado en esta pandemia, donde, tras 50 días cerrados, tuvimos un enorme trabajo a partir del 4 de mayo, cuando finalmente el Gobierno nos permitió abrir los establecimientos», señala Manuel Soler. «Llevamos ocho años tributando por IVA trece puntos más por nuestros servicios y no podemos subir las tarifas en la misma medida, porque perderíamos clientes», añade Soler.
Peluquerías «low cost»
La asociación también quiere impulsar unos negocios de calidad que sean fácilmente reconocibles por el público a través de un sello u otro distintivo. No tienen sede, pero la idea es disponer de un local en un futuro donde poder hacer cursos, talleres o actividades formativas.
No están en contra de las peluquerías «low-cost», que generalmente pertenecen a grandes franquicias, «siempre y cuando todos cumplamos las mismas reglas del juego», matiza Marta Tasa, «porque nosotros no vamos a decir qué tarifas debe ofrecer cada uno». Por otra parte, a la incertidumbre por el futuro deben sumar el miedo que siguen teniendo algunos clientes, sobre todo gente mayor, a acudir a las peluquerías, pese a las restricciones de aforo y a las medidas de seguridad ya implantadas. O el de ellos mismos a contagiarse.
La gran mayoría se han acogido a las ayudas para autónomos que convocaron el Consell o el Ayuntamiento de Gandia.
