Tenía razón la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente de la Safor (Spama), cuando, durante años, denunció que el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Gandia y la empresa Seproanimal para la recogida y custodia de animales abandonados era ilegal.
Lo acaba de sentenciar la Sección Quinta de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que anula una resolución anterior y acepta el recurso que presentó en su día Spama al detectar irregularidades en ese contrato.
La sentencia, a la que ayer tuvo acceso este periódico, considera que son varios los puntos que incumplen la ley, pero fundamentalmente se centra en la cuestión de que Seproanimal, que también actúa con el nombre del Corralet, carece de núcleo zoológico y, por lo tanto, ha incumplido el pliego de condiciones que en su día elaboró el Ayuntamiento de Gandia para licitar este contrato.
Tampoco es válido el argumento de Seproanimal de que se aprovechaba de otras instalaciones para mantener a los animales recogidos en Gandia, situadas en la localidad de Vinaròs, porque, en contra de lo que fijaban las condiciones marcadas por Gandia, no estaban preparadas para albergar especies poco habituales, como caballos, anfibios o reptiles.
La sentencia resulta del todo clara. El contrato que Gandia firmó con Seproanimal el 15 de diciembre de 2016 es ilegal, pero tanta lentitud en la justicia española ha vuelto a convertir en poco menos que inútil esta resolución del TSJ. Inútil porque la mercantil afectada dejó el servicio de recogida y custodia de animales hace unos meses después de haberlo prestado durante un periodo cercano a los cuatro años.
Esta sentencia, en todo caso, tiene el valor de la victoria moral para Spama, entidad que durante tiempo recurrió, y se manifestó, contra las resoluciones del Ayuntamiento de Gandia para entregar a empresas privadas el servicio de recogida de animales, incluso con el argumento de que se estaba sacrificando a algunos de los que llegaban de esta ciudad, algo que Seproanimal, y el Corralet, siempre negaron salvo en aquellos casos justificados por cuestiones médicas o humanitarias.
Se da la circunstancia de que la sentencia llega dos meses después de que se haya firmado un nuevo contrato del Ayuntamiento de Gandia, en este caso a beneficio de Spama, entidad que así recupera una actividad que perdió justo cuando se le asignó a Seproanimal.
Efectos en otros municipios
Amparo Requena, presidenta de la Sección de Derecho Animal en el Colegio de Abogados de Valencia, señaló ayer a este periódico que la sentencia de Gandia tiene efectos sobre otros municipios, entre los que citó ciudades importantes como Sagunt o Torrent, que también entregaron a empresas privadas el servicio de recogida de animales abandonados.
