El activista de la PAH rechaza un pacto con la Fiscalía y defiende su inocencia

Joan Cogollos, el histórico y activo miembro de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de la Safor-Valldigna (PAH), está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados para afrontar el juicio por la denuncia de la Fiscalía de València, que le acusa de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia y que pide un año y medio de prisión, más multa, por su participación, en septiembre de 2018, en un acto para protestar contra el desalojo a una familia sin recursos de una vivienda de Oliva. Esa misma acusación afecta a otras dos personas que también participaron en aquella acción.

Hace unas semanas Cogollos recibió un escrito del juzgado en el que se le proponía un «acto de conformidad» con la Fiscalía, lo que habría supuesto la rebaja de la pena solicitada, dejándola seguramente en una multa. Pero el activista de la PAH comunicará mañana al juez que rechaza ese ofrecimiento porque implícitamente comporta la aceptación de los cargos que se le imputan.

«Yo estoy por la defensa de unos valores y no me voy a retirar. Sé que me arriesgo, pero, llegados a este punto, quiero que el juicio se celebre para poder demostrar que en ningún momento llegué a la violencia, ni a los insultos, y que estábamos allí en defensa de los derechos humanos», señaló Cogollos ayer, en declaraciones a este periódico, mientras agradecía una nueva campaña de solidaridad que todas las PAH de la Comunitat Valenciana han iniciado.

Con su postura, el activista social, que justamente ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de la resistencia pacífica y no violenta, quiere que quede perfectamente demostrado que, en contra de los informes policiales y de la versión de la Fiscalía, nunca trató de menoscabar la integridad física de los agentes de la Policía Local de Oliva y de la Guardia Civil que acudieron para garantizar que el acto de desahucio, ordenado por un juzgado de Gandia, se cumpliera. Cierto es, y así lo reconoce, que hubo un cierto forcejeo entre participantes de la PAH y agentes de los cuerpos de seguridad, pero que en ningún momento se recurrió a la violencia o pronunció los insultos que se le atribuyen en el atestado policial.

En esta causa judicial también están acusadas otras dos personas que estuvieron con Cogollos y el resto participantes en aquella acción de protesta contra el desahucio, que también han recibido el ofrecimiento de firmar un acta de conformidad, reconocer los hechos y ver rebajada su pena. Uno de ellos es un ciudadano argelino que se plantea aceptarlo para evitar que pudiera abrirse un procedimiento de expulsión de España.

Hace unos meses, cuando se notificó a Cogollos los cargos que la Fiscalía le imputa, más de cuatrocientas personas se sumaron a una campaña de solidaridad titulada «Jo també sóc Joan», y ahora, con la reactivación del proceso judicial, también se ha iniciado otra iniciativa en apoyo del activista. La PAH y otros colectivos mostrarán su cercanía personal y su protesta por este proceso en el caso de que, como parece, finalmente se llegue al juicio.

Suscríbete para seguir leyendo