Los socios del Real Club Náutico de Gandia (RCNG) han terminado por aceptar que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) le retira la concesión administrativa del espacio que ocupa desde hace setenta años en la zona deportiva del puerto.

Esa es la lectura más extendida de la farragosa sentencia que anula los actos administrativos de la Autoridad Portuaria de València (APV) y, consiguientemente, deja en manos de la empresa privada Alcara Infraestructuras la gestión del proyecto para construir las nuevas instalaciones proyectadas en ese lugar, que incluyen edificios sociales, comerciales y la reforma de la dársena para el amarre de embarcaciones.

Ahora bien, la batalla no ha concluido. En una nota de prensa dada a conocer a media mañana de ayer, el Real Club Náutico de Gandia despeja la incógnita que planeaba desde que se conoció la sentencia del TSJ y anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo. Así se decidió en la asamblea que tuvo lugar el pasado 29 de agosto.

Recurrir a la máxima instancia judicial española cuesta dinero, pero una parte de los socios del RCNG consideran que no tienen otra opción después de saber que el TSJ ha aclarado su sentencia en un reciente escrito que, despejando dudas, sitúa a Alcara Infraestructuras como única aspirante a gestionar el espacio portuario y a ejecutar el proyecto de remodelación y mejora.

Retraso y ruptura de relaciones

El alargamiento de la resolución definitiva sobre el Náutico gandiense augura dos consecuencias. Por una, el retraso en la ejecución de las obras, ahora paralizadas, que se iniciaron, por parte del club, a principios de este año.

Por otra, augura una ruptura de las relaciones que, tímidamente, habían iniciado representantes del Náutico y de Alcara Infraestructuras para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo que evitara perjuicios a cualquiera de las partes y, al mismo tiempo, permitiera reiniciar las obras cuanto antes.

Con el recurso, todo queda en manos de los jueces y fuentes consultadas ayer por este periódico señalan que si finalmente hay que esperar a la resolución última del Tribunal Supremo, puede pasar más de un año para fijar quién es el legítimo concesionario del espacio deportivo portuario de Gandia. A ese periodo habrá que añadir los cerca de dos años necesarios para ejecutar las obras en la zona.