Informaba la prensa estos días de la disolución por la Audiencia de València de una asociación cannábica en Gandia y la condena a prisión de tres de sus responsables: el presidente a tres años y el secretario y el tesorero a dos años.

Los magistrados de la Audiencia que han dictado la sentencia reconocen que el cultivo estaba destinado «al abastecimiento de los socios» y tenía como objeto «evitar los riesgos del mercado negro».

En España, como informaba el artículo de la prensa, existen 1.700 clubs cannábicos, la mayor parte de los cuales son consentidos, están legalizados (o semilegalizados), y producen y reparten entre sus asociados la producción obtenida en sus lugares de cultivo.

Imagino el estupor y disgusto de los cargos de esta asociación gandiense ante la sentencia de la Audiencia valenciana. Comparto con ellos sus sentimientos, pues encuentro injusto, desproporcionado y anacrónico el «castigo» que se les ha impuesto.

Los señores magistrados deberían conocer que en estos momentos hay como mínimo 20 países, la mayor parte «desarrollados», que tienen legalizado el consumo de cáñamo, bien con fines medicinales o recreativos. Entre los que lo tienen con fines medicinales se encuentra Alemania, Argentina, Colombia, Francia, Israel, Italia, Reino Unido? y los que además lo tienen con fines recreativos son Uruguay (quien en 2013 ya legalizó el cultivo, comercialización y uso del producto estableciendo un organismo estatal que controla la cadena de producción y consumo), Canadá (en 2018, con limitación de la cantidad por consumidor), y Estados Unidos (hay una decena de estados que tienen regulado este tipo de consumo). En varios países como Australia, Chile, Holanda, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Suráfrica, República Checa, se consiente el cultivo para autoconsumo, y sus parlamentos discuten la posibilidad de declarar legal el consumo más allá del aspecto medicinal.

En la operación policial que desarticuló la plantación se confiscaron 139 plantas de cannabis de medianas dimensiones (¿estaban ya en producción o no?) y algo más de un centenar de plántulas, y todo ello pesaba casi diez kilos según el artículo de la prensa. Recuerdo que hace años tuve que intervenir como experto agronómico en un juicio en que a cuatro jóvenes de la comarca de Sagunto se les había incautado un alijo de cuatro plantas (sí, cuatro plantas) en el invernadero de uno de ellos. Las penas que les solicitaban rondaban los cuatro años para cada uno. La jueza que presidía el tribunal atendió a razones: las plantas no habían florecido y no se podía asegurar si era cáñamo para fibra o psicotrópico, y además, el peso de las mismas venía «exagerado», pues se pesaron las matas con tallos y raíces, y estos elementos no se fuman. ¿Habrá ocurrido aquí lo mismo?

Independientemente de estas consideraciones, es lamentable que en decenas de países del mundo se esté cuestionando esta prohibición del cannabis, que haya parlamentos que estén buscando una normalización a su producción, comercio y consumo, y que asistamos a la penalización de una asociación que intentó estar legalizada, para producir lo que sus asociados deseaban consumir, y que algunos cargos directivos estén pasando un muy mal trago (ser condenado a penas de cárcel, independientemente de cómo acabe el proceso, es una mancha negra en la historia de cualquier persona) por haberles requisado unas plantas de cáñamo, cuando, repito, prácticamente en todo el mundo se está buscando la legalización de la planta, no solo para usos medicinales sino también recreativos. Añadamos que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas debatía en marzo de este año en Viena suavizar la fiscalización internacional de esta planta, pues ven que las legislaciones de muchos países avanzan en soluciones más rápidamente que ella.

Mientras esto ocurría en la Audiencia de València, seguramente esos días varias planeadoras procedentes de Marruecos, país máximo exportador mundial de hachís (resina de cáñamo) descargaban su mercancía en las costas de Andalucía. Alimentaban las redes del narcotráfico y del crimen organizado, introducían producto de una calidad mediocre, y sangraban la economía española, pues a los traficantes marroquíes hay que pagarles en euros y no en dírhams.

Ya va siendo hora que el Parlamento español resuelva un problema que afecta a miles de españoles que desean disfrutar de los aspectos psicotrópicos, recreativos, de una planta. ¿O es que el alcohol o el tabaco no producen «satisfacción» en quien los consume? Que se regule su producción y su consumo, de acuerdo, pero que se acabe con esta prohibición que como la «ley seca» en EE UU de los años 20 del pasado siglo solo beneficia a las mafias, extiende productos de cualidades sanitarias dudosas y, repetimos, son una sangría para la economía, cuando perfectamente podían producirse en nuestro país y proporcionar ingresos a una agricultura bastante maltrecha.