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memoria española

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S in duda, la anunciada reforma de la Ley de Memoria Histórica volverá a mostrar las profundas diferencias que, sobre el pasado como parte de la acción política, mantienen los partidos de izquierda y derecha españoles. De un lado, volveremos a escuchar la salmodia del «guerracivilismo», como ya ocurrió en tiempos de Zapatero e incluso con la exhumación de Franco, mientras que del otro se recordará el formidable retraso con el que llegan medidas sin las cuales cualquier democracia se mantiene sobre un suelo de cristal. En todo caso, a la ampliación de la ley le espera un recorrido escabroso: allá donde recupere o conserve el poder, la derecha volverá a dejar en suspenso y en bloque, como ha ocurrido en Andalucía y ocurrió con el gobierno de Rajoy, el marco legal sobre la memoria histórica, que ve como un ejemplo de obstinación revanchista que conspira contra pactos que se mostraron útiles durante la Transición y no habría que tocar. Probablemente el autor más combativo contra la memoria histórica sea el hijo de Susan Sontag, David Rieff. En Elogio del olvido y en Contra la memoria Rieff aborda la cuestión española, aunque solo en unas pocas páginas y repitiendo en uno, casi palabra por palabra, lo que ya había dicho en el otro. Si Rieff celebra el «pacto de olvido» de la Transición no deja de admitir las razones que animan a los colectivos que reivindican la memoria histórica y que «el olvido» no es un recurso que pueda ser permanentemente invocado. Es más, Rieff cree que, a estas alturas, el pacto de olvido ha perdido sentido en España porque los riesgos «guerracivilistas» son inexistentes. Pero para Rieff, que contempla globalmente la cuestión de la memoria, la mirada española sobre su pasado no sería, a pesar de todo, conveniente, ya que los riesgos provocados por la memoria pueden ser reales más allá de nuestras fronteras. En España, dice, «nadie matará o morirá por lo que se recuerde o por lo que se olvide. Pero en muchas partes del mundo esto es precisamente lo que está en juego». Aunque la idea sobre la responsabilidad universal de la memoria histórica no sea muy creíble, vale la pena recordarla, porque liquida los clichés y muletillas «guerracivilistas» de la derecha española destinados al consumo interno y, en cierto modo, apunta implícitamente a la excepcionalidad del caso español. Para David Rieff, el problema fundamental de la memoria histórica, en general, no reside, como para Todorov, en sus excesos o posibles abusos, sino que cree que es intrínsecamente perversa. Su utilización política, la reescritura y suplantación de la historia y la construcción de mitos, símbolos y climas de opinión en los que las respuestas (dice citando a Kundera) «han sido dictadas de antemano, con exclusión de toda pregunta» serían inevitables. Excesos que en ocasiones rozarían lo kitsch. Tampoco ve por ningún lado David Rieff la existencia de un imperativo moral que justifique la memoria histórica. Pero nada de esto es trasladable a la situación española. En España el recorrido de la memoria histórica ha sido, en efecto, tristemente singular por la sencilla razón de que ha sido muy corto y, en su brevedad, impecable. Las escasas políticas llevadas a cabo bajo el rótulo de «memoria histórica» en España estaban avaladas por Naciones Unidas: desde la apertura de fosas hasta la exhumación de Franco, políticas a las que Rieff, por cierto, no se mostraba contrario. Esto significa que la expresión «memoria histórica», en España, no es, por el momento, equiparable a lo que se designa con ese nombre fuera de nuestro país. Entonces ¿de qué estamos hablando? Si, como dice Todorov, el deber de hacer memoria se justifica en el derecho de hacer justicia, la ley de memoria histórica española debería entenderse como una ley de justicia histórica. Lo cual es especialmente apremiante en el caso español, que ya ha atravesado ampliamente las fases de resignación y olvido, un largo tránsito de ochenta años que se vaciaría de sentido sin poner en el horizonte el deseo colectivo de hacer justicia. Se compartan o no (y su amigo Todorov no los compartía), los puntos de vista de Rieff son refrescantes, aunque solo sea porque se oponen a la corriente general y se alejan de las ramplonerías de las derechas hispánicas sobre la memoria. Son útiles como llamamientos a la prudencia y con frecuencia brillantes, pero difícilmente podrían aplicarse hoy en nuestro país sin escarnecer a las víctimas del franquismo y sin hacerlo a costa de la justicia, de la opinión de Naciones Unidas y del Congreso de los Diputados, donde esta misma semana hemos escuchado las ya habituales soflamas franquistas. Los climas sociales cambian y la mejor manera de enfrentarse tanto a la escasez como a los posibles excesos de memoria es, simplemente, hacer justicia. En España aún no hemos llegado a un necesario consenso político sobre el pasado que probablemente hasta David Rieff aplaudiría, y si la reivindicación de la justicia aún recae en los partidos de izquierda que, en materia de memoria histórica, han seguido tímidamente y con retraso los dictámenes de la ONU, deberíamos preguntarnos quiénes son los enemigos reales del olvido.

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