Nadie dudaría que lo peor del franquismo fue esa durísima represión iniciada inmediatamente después de la guerra civil que llevó a los siniestros paredones de fusilamiento a decenas de miles de personas y a la cárcel a otros tantos, en ocasiones por el simple hecho de haber defendido, con más o menos vehemencia, la legalidad de la República Española, sus instituciones y sus leyes. Pero el régimen que impuso semejante terror no se conformó solo con eso. En el mismo año 1939 Franco dictó una ley mediante la que creaba el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, con sus delegaciones provinciales, que no era otra cosa que un instrumento para confiscar, con carácter retroactivo, los bienes y propiedades de sus propias víctimas, muchas de ellas previamente fusiladas o encarceladas. El castigo, que en derecho se puede calificar como un auténtico robo, se dirigía ahora incluso a las familias de esos represaliados. Mujeres e hijos que vieron cómo el Estado se llevaba lo que tenían. Muy poco en la mayoría de los casos porque los «rojos» que sufrieron la represión eran, en su mayoría, trabajadores del campo o de las fábricas. Esa escandalosa usurpación de los bienes seguía un proceso nada complejo. El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas solicitaba informes a los alcaldes que los gobernadores civiles de Franco acababan de nombrar, a los curas de las parroquias y a los «jefes» de la Falange. Entre unos y otros, pocos pudieron escapar de lo que se podría considerar como el «segundo escalón» de la represión franquista. Maestros, dirigentes de entidades o asociaciones, activistas de izquierda o simplemente demócratas que habían expresado sus críticas al dictador y a la guerra que protagonizó, engrosaron los expedientes que se remitían.
Obviamente, igual que las sentencias militares que llevaban a la muerte o a la cárcel, tampoco aquí se daba una capacidad real de defensa. Mandaban los que mandaban y la palabra de los acusadores era la que generalmente se tenía en cuenta en la redacción de la sentencia, que incluso podía suponer la «inhabilitación profesional», una decisión que recayó especialmente en aquellos maestros que mostraron «inclinaciones» simplemente progresistas. Esas historias de la represión no han sido muy conocidas hasta ahora, salvo aquellos casos en que afectan a personas relevantes por uno u otro motivo. Por eso es tan importante que el Arxiu Històric de Gandia haya recopilado ahora los expedientes que el Tribunal de Responsabilidad Civil derivó, en el año 1942, a los juzgados de Primera Instancia, como el que existía en Gandia. Para entender la dimensión que alcanzó el robo de propiedades a los represaliados, baste decir que ese traslado de los expedientes a juzgados locales se produjo por el colapso que alcanzaron las secciones regionales del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Del enorme volumen documental que generó aquella parte de la represión, el archivo municipal gandiense ha digitalizado alrededor de doscientas carpetas correspondientes de vecinos de esta ciudad, más Beniopa y Benipeixcar, que en aquella época eran municipios independientes. Y no solo eso, sino que esa documentación se ha colgado en la página web memoriagandia.org para que pueda consultarse por parte de cualquier ciudadano. Allí están, entre otros, los expedientes de personas muy conocidas, como el alcalde de Gandia, Marcelino Pérez, que fue fusilado en el año 1939, el también alcalde Francisco Julio Roig, exiliado tras la guerra, el del notario César Coll Brück y su hijo, Óscar Coll Alas, que da nombre a la sala municipal de exposiciones de la plaza de l´Escola Pia, o la farmacéutica María de los Ángeles Malonda Arcís, cuyos descendientes lograron mantener, no sin muchos esfuerzos, el establecimiento de la calle Major que regentaba.
La documentación que Gandia ha digitalizado y puesto a disposición de los ciudadanos constituye un argumento más para explicar y entender, todavía hoy, las enormes injusticias y humillaciones que el régimen de Franco infringió a los vencidos o simplemente a quienes les apoyaron. Pero esos 200 expedientes son solo una parte de los que se encontraban en el archivo histórico de los juzgados de Gandia. Del resto de poblaciones de la Safor existen casi setecientos informes más, aún sin digitalizar, referidos a otras tantas personas de la comarca contra las que actuaron los confiscadores. Justo en la semana que el Congreso de los Diputados ha acogido debates sobre la Ley de Memoria Histórica, que pretende resarcir las muchas violaciones cometidas por el franquismo, Gandia se erige entre las primeras ciudades que pone a disposición de todos esas actas del ladrocinio que padecieron sus ciudadanos. Esta semana, al presentar los documentos, los concejales José Manuel Prieto y Nahuel González también han señalado que supone una reparación de los daños causados a las víctimas.
