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Los ayuntamientos acumulan más de 36 millones en sus cajas

Los consistorios con Plan de Ajuste deben destinarlo a pagar deuda

Los ayuntamientos acumulan más de 36 millones en sus cajas

Los ayuntamientos acumulan más de 36 millones en sus cajas

Los ayuntamientos de la comarca de la Safor cerraron el año 2019 con un remanente de tesorería en sus cajas que superaba los 36 millones de euros. Se trata del líquido que tienen los consistorios al final de año después de pagar a proveedores y servicios, a lo que se le suman los impuestos que aún están pendientes de cobro.

En la totalidad de los 31 municipios el resultado de la liquidación del 2019 es positivo, lo que significa que todos llevan años cumpliendo a rajatabla las medidas que impuso el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro en el 2012 y que ataban muy en corto la gestión municipal para evitar un desmadre como el de años anteriores y que llevó a muchos a la quiebra.

Gandia tenía al cierre del 2019 un remanente acumulado de algo más de 14 millones de euros, mientras que Oliva sumaba más de 7.3. Tavernes de la Valldigna tenía en caja 1,5 millones, los mismos que Bellreguard, mientras que Xeraco disponía de un poco menos, 1,3. Entre los municipios más pequeños destaca Miramar, que ya acumula 4,6 millones de euros en caja. La situación se repite en otras localidades, donde la buena marcha de los últimos años ha permitido disponer de ahorros, como es el caso del algo más de un millón de euros de la Font d’en Carròs o Almoines, los 600.000 euros de Barx, los 660.568 de Beniarjó, los 530.000 de Piles, 399.000 de Xeresa, 270.000 de Potries, 207.217 de l’Alqueria de la Comtessa, 260.000 de Almiserà y hasta los 92.682 de Benifairó de la Valldigna.

Ese era el dinero del que pretendía disponer el Gobierno cuando hace dos semanas presentó una propuesta para que los ayuntamientos, voluntariamente, cedieran sus remanentes a las arcas del Estado con el objetivo de hacer frente a las medidas antipandemia. Un dinero a devolver en diez años en condiciones ventajosas. La medida fue rechazada por una amplia mayoría en el Congreso en el primer fracaso parlamentario del PSOE-Podemos.

La ley de Montoro impide a las administraciones disponer libremente de su remanente de tesorería para hacer inversiones o realizar gastos que repercutan en sus vecinos. Las que están sometidas a un Plan de Ajuste (en la comarca ya son pocas) deben destinar una gran parte del mismo a amortizar préstamo bancario. Los que no tienen esa cortapisa y su deuda financiera es cero están sometidos a la llamada «regla de gasto», es decir, que ningún ayuntamiento puede superar lo gastado el año anterior en un porcentaje por encima del PIB nacional.

La buena noticia en este aspecto es que, para este año, el Ministerio de Hacienda que ahora dirige María Jesús Montero, ha anunciado que elimina esa norma. Esta medida fue la respuesta al gran chasco que se llevó el Gobierno en el Congreso con su intento de disponer del «cash» de los ayuntamientos.

En principio esta medida suelta un poco la correa del control que el Gobierno ejerce sobre los ahorros de los municipios. Pero ni siquiera así, ni tratándose de una administración cuyo balance económico sea impecable, las entidades locales tienen capacidad ilimitada para echar mano de sus sobrantes de tesorería y destinarlo a gasto corriente.

Otra magnitud que impide a los ayuntamientos la libre utilización de sus remanentes de tesorería es la estabilidad presupuestaria, la diferencia entre ingresos y gastos. Si es negativa, no hay ni que decir que no pueden tocar ni un céntimo. Si es positiva, la cantidad de dinero del que pueden disponer no debe superar el resultado de esa estabilidad. Gandia, por ejemplo, tuvo en 2019 un remanente de 14 millones pero una estabilidad de 10. Esa es la cantidad que podría invertir del dinero que tiene en caja, no más. Hace unos años algunos ayuntamientos presentaban incluso remanentes de tesorería negativos.

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