En las dos cuestiones centrales tratadas en el pleno del lunes -la aprobación de los representantes de Gandia en la Mancomunitat y las pruebas de PCR a los docentes y alumnos de los centros de enseñanza locales- el PP local reemprendió el habitual rumbo de colisión. El partido de Soler se opone a la Mancomunitat, de la que se desvinculó unilateralmente durante el mandato de Torró, y ve como una suerte de pesebre partidista que no aporta nada a los gandienses. Pero no solo los tribunales han dejado en papel mojado los argumentos de Soler, sino que los expertos en la gestión del territorio aconsejan justamente lo contrario de lo que el lunes defendía en el pleno: la conveniencia de crear redes territoriales que permitan compartir objetivos y políticas que redunden en beneficio de los ciudadanos de la comarca. En Gandia esa idea de integración territorial solo la rechaza el PP, y si es cierto que la Mancomunitat y la noción de comarca necesitan de una urgente puesta al día, promover la liquidación o el abandono del organismo que debe canalizar las sinergias, servicios e intereses comunes de los municipios de la Safor no tiene ningún sentido.

Curiosamente, quienes desvincularon a Gandia de la Mancomunitat reventando el consenso municipal se muestran, en cambio, partidarios de mantener rémoras institucionales como las Diputaciones provinciales, auténticos caladeros de políticos sobrantes cuya función el PP considera «fundamental».

José Manuel Prieto, que, como se ve, tenía chupado ganar a Soler el pulso dialéctico sobre la Mancomunitat, acabó convirtiendo al líder popular en una especie de sparring cuyas limitaciones volvieron a aparecer acompañadas del habitual ramillete de frases hechas, gestos para la galería y memoria selectiva. En esto de deformar o reducir a clichés el debate público, Soler es un consumado maestro, pero no ha reparado en que esa pintoresca habilidad solo beneficia ya a sus adversarios políticos. Un enfoque posibilista o más templado de la cuestión habría permitido a Soler cierto crédito, pero obstinarse en una oposición frontal a la Mancomunitat y reivindicar a machamartillo los viejos errores de su partido, ahora reprobados por el TSJ, solo mostraron, por enésima vez, una falta de recursos políticos que son como el seguro de vida del ejecutivo local.

La apuesta estratégica por la desestabilización del gobierno central ha fracasado (al menos en su primera ofensiva) en el PP nacional, pero ha alimentado el talante frentista de algunos peones de brega de ese partido a quienes nunca ha inquietado una duda. No sorprendió, pues, que, con el tono de suficiencia al que nos tiene acostumbrados, Soler pidiese a la alcaldesa que se practicasen PCR a todos los docentes y alumnos de la ciudad y que fuese «valiente», imitando a ciertos alcaldes del PP. Sobre la epidemia sabemos poco, y cada decisión tomada es azarosa, lo que debería extremar la prudencia de los políticos en general y de los más temerarios en particular. La Generalitat descartó practicar las pruebas masivas de PCR en los centros escolares a partir de los dictámenes de los expertos sanitarios, y cualquiera puede intuir que tan vidriosas decisiones no se toman caprichosamente o tras echar los dados, y que son científicas antes que políticas. Soler parece pertenecer al club de quienes no se sienten impresionados ni por la opinión de los expertos ni por el alarmismo social que su imprudencia pueda crear. Pero los políticos no pueden defender lo contrario de lo que aconsejen las autoridades sanitarias, que por ahora no recomiendan hacer PCR masivos. Afortunadamente, en la Comunidad Valenciana el número de contagios se encuentra por debajo del que arrojan la mayoría de autonomías, y poner en duda el origen de los protocolos sanitarios acusándolos de «partidistas» o, afirmar, como Pascal Renolt, que la Generalitat había planificado tarde la vuelta a las aulas, es tan demagógico como falso.

El PP y Cs jugaron en el pleno la carta de la anti-ciencia, el oportunismo y la desinformación, como si no sufriésemos un problema que implica la adopción de medidas que solo ofrecen una seguridad relativa y con frecuencia hay que rectificar, y fuera posible resolver las dificultades depositando nuestra fe en los partidos de Soler y Renolt. Lo grave no es que esos dos concejales defiendan la necesidad de hacer PCR, de lo cual son muy dueños, sino que ignoren por completo la importancia de seguir un criterio unificado en situaciones excepcionales para evitar el caos. Lo que Soler llama «valentía» no es otra cosa que deslealtad institucional y, sea legal o no, resulta sumamente peligrosa.

El pleno terminó con la moción de Compromís-Més Gandia para que se destinase a la partida de servicios sociales la herencia de Juan Carlos I, un brindis al sol que sus promotores perdieron clamorosamente como ya habían previsto, pero que sirvió al menos para recordar formalmente el escándalo de dimensiones históricas protagonizado por el anterior Jefe del Estado, sus negocios opacos, su exilio o huida (hasta eso es opaco), y que existe una diferencia entre priorizar los problemas del país en una situación de emergencia sanitaria y cerrar los ojos ante ese baldón nacional.

Un pleno, en fin, que debería haber sido de trámite o simplemente informativo acabó sirviendo de marco al irracionalismo de quienes, como dijo el embajador francés hace tres meses, se comportan como el perro del hortelano. Sin novedad, pues, en el habitual rumbo de colisión.