A las once de la mañana de ayer el humilde portal de una finca de Gandia donde viven personas humildes contempla a una mujer sentada sobre una silla que llora sin consuelo y no sabe ni qué hacer ni a quién recurrir. A tres metros, sentado en la escalera, su hijo, que tampoco puede trabajar porque sufre una minusvalía, responde que él de allí no se va, aunque reconoce desconocer dónde pasarán el resto del día, y la noche. La escena es contemplada por algunos de los residentes en el mismo edificio de la capital de la Safor, pero durante la media hora que este periódico es testigo de los hechos, nadie se detiene para intentar ayudar.

Son Carmen Parra, de 78 años, y Salvador, de 42, que media hora antes de la escena habían recibido la visita de una comisión judicial, acompañada por un cerrajero, para echarles del piso de la calle del Primer de Maig donde han vivido durante casi ocho años. Ellos no esperaban la triste visita, pero saben que los propietarios del inmueble les habían pedido que se marcharan porque ya no querían seguir alquilándoles la vivienda, por la que pagaban 250 euros al mes.

Resignados, Salvador se viste, y, con su madre, llena y carga cuatro bolsas con lo imprescindible. Al cruzar la puerta de la casa, seguramente por última vez, observan cómo el hombre contratado para ese menester cambia la cerradura, como ocurre en la mayoría de los desahucios.

Según aseguran ambos, nadie les ha hecho caso porque les responden que ella cobra una pensión de algo menos de setecientos euros y deberían gestionarse un alquiler, pero cuando este periódico profundiza en los detalles, más bien parece que ni siquiera han sabido a quién dirigirse para evitar esta escena de desesperación y de drama. Y menos aún en esta situación de crisis sanitaria, cuando la Administración ha cerrado oficinas presenciales y requiere citas previas o procesos telemáticos que, a la vista está, ni Carmen ni Salvador saben cumplimentar.

Quien sí se presenta allí es una especie de ángel de la guarda llamado Joan Cogollos, ese hombre que, también jubilado, nunca se ha pensado dos veces acudir a los lugares donde cree que puede ayudar. Como miembro de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Safor-Valldigna (PAH), no solo alerta de la situación, sino que se encarga de avisar a responsables del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia y de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat con un mensaje claro. «Hay que dar una solución a este problema».

Las gestiones dan sus frutos y alrededor de la 1 del mediodía el Ayuntamiento de Gandia les informa que, mientras encuentren un alquiler adecuado a sus ingresos, dispondrán de una habitación en una pensión situada a poca distancia de allí. Hoy jueves Carmen tiene cita en Servicios Sociales para abordar el problema y conseguir un lugar donde vivir acorde con sus posibilidades.

Alquiler de viviendas en Gandia: suben los precios

El incremento del precio del alquiler de viviendas de Gandia genera situaciones como la vivida ayer en la calle del Primer de Maig, pero en este caso confluye también un problema menos difundido, el de aquellas personas o familias que desconocen dónde ir o a quién llamar cuando sufren nada menos que la pérdida de su lugar de residencia.

Como narraba ayer Joan Cogollos, Carmen y Salvador intentaron presentar un documento para detener el desahucio, pero la respuesta es que había pasado el plazo. Trataron de buscar a un abogado de oficio, que fue denegado, y se trasladó a la comisión judicial que no disponían de alternativa habitacional, es decir, una casa donde desplazarse, mientras el cerrajero completa la labor y ellos se quedaban en el portal.

Cogollos, que en nombre de la PAH siempre ha denunciado estas situaciones tan injustas, indica que, cuando traslada el problema a los funcionarios, entienden la situación, pero añade que sería preferible actuar antes para que no se produzcan escenas como la de la mañana de ayer.

«Muchas personas vulnerables tienen grandes limitaciones», señala el activista de la PAH después de que, al menos, se haya conseguido que estas dos personas puedan disponer de un techo mientras se analiza su situación y se busca otra vivienda donde puedan ubicarse.

Precisamente el miércoles la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Gandia anunciaron medidas en esta ciudad para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.