Hasta 42 meses. Eso es lo que está tardando la Generalitat, en algunos casos, según el Síndic de Greuges, en dar respuesta a las solicitudes de revisión del grado de dependencia a ciudadanos de Gandia. El órgano que preside Angel Lluna recoge al menos tres resoluciones dirigidas tanto al consistorio gandiense como a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en las últimas semanas en las que se refleja cómo de largo puede ser el proceso hasta que la familia de un dependiente empieza a recibir la prestación o el recurso que haya solicitado.

Las dos administraciones participan, de un modo u otro, en el proceso de evaluación y resolución de las solicitudes en virtud de la ley de dependencia, aunque la competencia es de la administración autonómica que es la que tiene la última palabra, mientras que el consistorio, desde la Concejalía de Bienestar Social se dedica a realizar una evaluación de las personas que precisan la ayuda.

«Recordamos la obligación de resolver en plazo, dado que el no cumplimiento de tal obligación aumenta la incertidumbre que se deriva de la falta de resolución y amplía aún más, si cabe, el sufrimiento soportado por las personas dependientes y sus familias, en un momento de dificultades económicas», señala en sus escritos el Síndic de Greuges.

Ese término al que se refiere son seis meses, que es el máximo que establece la ley para que la Generalitat conteste a las personas dependientes en sus solicitudes, un plazo que en el caso de las al menos tres quejas presentadas por vecinos o vecinas de Gandia se ha incumplido de manera flagrante.

Además, el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana pide a la Generalitat que, dado el retraso, proceda a resolver los expedientes de manera «urgente».

Por su parte, al ayuntamiento de Gandia le reclama «que adopte las medidas necesarias para cumplir los plazos fijados en la legislación que regula la tramitación de los expedientes de reconocimiento y revisión de situaciones de dependencia, en especial en lo referente a la grabación de solicitudes y a la valoración».

La concejala de Bienestar Social, Carmen Fuster, explicaba ayer a Levante-EMV, pese a ello que el Ayuntamiento de Gandia está «al día» en la valoración de los dependientes. Explica que, ante el atasco existente, la Generalitat cedió al consistorio la competencia para valorar el grado de dependencia, «por lo que en este año hemos tenido que atender casos que esperaban desde 2018 y 2019», señalaba, «además de cumplir con los del día a día». En este tiempo, Gandia ha atendido 700 peticiones, de las que 500 ya han sido resueltas por parte de la Generalitat, como indicaba Carmen Fuster.