A ningún alcalde le gusta tener que apoyarse en un tamayazo para gobernar, pero vencer la tentación no siempre es fácil. Los últimos compromisos adoptados en el marco del Pacto Antitransfuguismo, junto al reciente varapalo del Tribunal Supremo por la connivencia del gobierno de la Font de la Figuera con una edil no adscrita, elevan la presión sobre cerca de una decena de consistorios valencianos donde los tránsfugas continúan siendo claves para la gobernabilidad municipal.
La comisión de seguimiento del Pacto se reunió el miércoles por primera vez en diez años y acordó reforzar el combate del transfuguismo en todas las esferas de la administración. La adenda, aprobada por una docena de partidos (entre los que están PSOE, PP, Cs y Podemos, pero no Compromís, por discrepancias con la redacción del texto en lo referente a los partidos de coalición), aboga por impulsar una urgente modificación de los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales y de la legislación para afinar la definición de tránsfuga, aumentar los castigos y evitar que los cargos públicos elegidos bajo unas siglas abandonen la disciplina de partido en favor de unos beneficios económicos, de unas delegaciones o de un estatus superior. Las medidas, además, se extenderán a los cargos públicos designados por mecanismos indirectos, como el personal de confianza.
Uno de los más recientes casos de transfuguismo en suelo valenciano se dio a principios de octubre en Cortes de Pallás, cuando dos concejales de Compromís abandonaron su partido para desbancar al PSPV de la alcaldía y formar gobierno con el PP. Un exedil de la coalición valencianista ocupa ahora la vara de mando. Otra moción de censura en agosto permitió al PP arrebatar a los socialistas el poder en La Torre de les Maçanes gracias al voto de una concejal expulsada del PSPV que ahora es teniente de alcalde. A partir de ahora, la Comisión del Pacto se ha comprometido a reunirse de forma extraordinaria y urgente para intentar frenar ese tipo de mociones.
En Carcaixent, Juan Albert abandonó las filas de Ciudadanos para pactar su entrad en un gobierno progresista en el que ocupó una tenencia de alcaldía y la concejalía de Servicios Municipales hasta que tuvo que renunciar en junio al ser cazado saltándose el confinamiento. El ejecutivo local sigue dependiendo de su apoyo para no quedarse en minoría, como ocurre en Algemesí, donde otro no adscrito expulsado de Cs, Édgar Bresó, gestiona la concejalía de Urbanismo y Turismo bajo el gobierno del PSPV y EU. Aunque no cobra sueldo, la oposición cuestionó que se le asignaran dos asesores con retribuciones de 15.000 euros.
Premios e intentos de compra
En Teulada, dos regidores tránsfugas de Cs tienen competencias delegadas y ocupan tenencias de alcaldía, como en Torreblanca, donde la alcaldesa socialista premió a dos ediles proscritos del PP que votaron en contra de investigarla por prevaricación. Aunque quiso ponerles sueldos generosos, las dudas legales obligaron a frenar la propuesta. Tampoco tiene remuneración -más allá de las dietas por plenos y comisiones- el concejal tránsfuga de Compromís en Piles que fue nombrado delegado de Deportes después de allanar el camino a una subida de sueldo al alcalde independiente, David Morant.
Muy cerca, Palma de Gandia ha sido noticia recientemente por el intento de compra de otro concejal tránsfuga que dejó el grupo socialista para pactar gobierno con el PP. Compromís le ofreció una subida de sueldo si apoyaba su moción de censura, pero el edil declinó.
Allí donde hay tránsfugas, los gobiernos penden de un hilo. Ocurre en Benicàssim. O en Canals, donde dos ediles desterrados de Cs acaban de dimitir del ejecutivo local, dejándolo en minoría, ante la ofensiva judicial que se les venía encima.
