El juzgado de lo social número 18 de València ha obligado al Ayuntamiento de Villalonga a retornar a su puesto de trabajo a un empleado al que cambió el pasado mes de septiembre desde el puesto de alguacil que ocupaba desde 2004 hasta el de peón de obra con la justificación de «reforzar» el departamento para hacer frente a la situación generada por la covid-19 y en base a que había diferentes bajas médicas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, detalla que la movilidad en el puesto de trabajo se formalizó mediante un decreto de alcaldía a petición de la presidenta de la Mesa de Negociación. En la misma, se explica que el trabajador afectado estaba empleado en el Ayuntamiento de Villalonga desde 1997, donde entró en condición de peón. Hasta el 2004 ejerció de barrendero, mientras que ese año pasó a ejercer sus funciones como alguacil, con un salario de 1.291 euros al mes. Fue en septiembre de este año cuando se decidió asignarle como peón de obra, pese a que, como reza la sentencia, nunca había ejercido como tal. Además, se encontraba de baja médica por «trastorno de la ansiedad» y padece una discapacidad reconocida del 10%.

«Del relato fáctico fijado en la presente resolución resulta que el actor, si bien había sido inicialmente contratado con la categoría profesional de peón, lo cierto es que nunca a desempeñado funciones propias del sector de la construcción», indica el magistrado en la sentencia. Por ello, cree que lo que se ha producido es una «novación contractual» que «supone una modificación sustancial de sus funciones». El juez también hace hincapié en que «las funciones asignadas al actor como peón de la brigada de obras exceden los límites previstos para la movilidad funcional no sustancial», por lo que declara la «improcedencia» y condena al ayuntamiento a retornar a su puesto de alguacil al denunciante.

El afectado ha sido defendido por los servicios jurídicos de CC OO, cuyo representante, Salvador Lleches, habla de una «motivación absurda» para tomar la decisión de cambiarle de puesto y señala que el afectado «reclama su derecho a seguir en su puesto de trabajo».