En un escenario en el que están prohibidos por ley los desahucios por impago de hipoteca, y recientemente por deudas de alquiler, los ayuntamientos están saliendo al «rescate» de sus vecinos más vulnerables, especialmente en los casos más graves, cuando los bancos no acceden a una refinanciación del préstamo hipotecario, una dación en pago o un alquiler social. Se trata de soluciones temporales, pero cada vez más están asumiendo el papel para el que se crearon las PAH, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, que en el caso de la Safor está activa desde el movimiento 15-M, en 2011, cuando la protesta social vinculada a los desalojos por la crisis económica situó este asunto el centro del debate político.
Desde el año 2012 los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias están prohibidos y han sido objeto de varias moratorias, la última en marzo de 2020, que amplía las situaciones de vulnerabilidad de los deudores.
Sin embargo, las normas estatales que afectan a desahucios por impagos de alquiler no han evolucionado de una manera tan garantista, por lo que han aumentado estos últimos desalojos,también en la Safor. Para frenarlo se aprobó una moratoria en el primer estado de alarma que además prohibía las «subidas abusivas» en el precio del alquiler.
El pasado mes de septiembre el Congreso convalidó las nuevas prórrogas, tanto de la moratoria de alquileres como la prohibición de los desahucios. Perderán su vigencia cuando acabe el estado de alarma, el 9 de mayo, aunque la intención del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos es extenderlas para todo el año 2021.
Aunque hay excepciones, los ayuntamientos son ahora más sensibles a estas cuestiones y tratan de ayudar, si bien a veces hay que «inventarse» fórmulas. En Palma de Gandia, como ya explicó este diario, una pareja de residentes debía un crédito avalado con la casa, por lo que iban a ser desalojados el 8 de marzo. El ayuntamiento saldó el importe entregando el dinero a Cáritas, a condición de que el importe se devuelva a plazos. En Villalonga la orden, para el 15 de enero, pesaba sobre una familia de origen checo con dos hijos menores. El Gobierno local les facilitó un piso de protección oficial de manera provisional hasta que su situación económica mejore y puedan pagarse un alquiler. Oliva también se preocupa cuando saltan las alarmas; en 2018 dos familias con cuatro menores sí fueron desahuciadas, pero el ayuntamiento les alojó rápidamente en un hostal.
El problema es que las «viviendas de emergencia» van agotándose. Recientemente, la Generalitat adquirió 75 pisos a la Sareb por 5 millones, entre ellos cuatro para Gandia (293.636 euros) dos para Oliva (232.079 euros) y uno en Beniarjó por 81.599 euros.
Por otra parte, la PAH lamenta que los procedimientos judiciales no se hayan paralizado de forma paralela a las moratorias. De hecho, para 2021 hay varias vistas señaladas, aunque en general están acabando de manera menos traumática que hace una década. Por ejemplo, el martes que viene estaba previsto desahuciar a una familia de Gandia con tres menores, y el viernes 29 a otra de Oliva. En Oliva la entidad financiera finalmente les ha ofrecido un alquiler social, si bien desde la PAH alertan que cuando acabe la prórroga «el peligro de que se queden en la calle seguirá». En Gandia el banco no accedió a un acuerdo con la familia afectada, pero el ayuntamiento les ha facilitado una casa.
Otra vía son las ayudas para pagar alquileres a familias vulnerables. En Gandia el año pasado Vivienda autorizó 358 pagos, con el preceptivo informe favorable de los Servicios Sociales. Y hubo otras medidas extraordinarias por la crisis del coronavirus.
Gandia tiene cinco mil casas vacías
La ciudad de Gandia tiene 5.035 viviendas vacías, entre el núcleo urbano y la playa, según datos facilitados por la Concejalía de Vivienda. El ayuntamiento considera vacía para este cómputo aquella vivienda que lleva un año sin tener dados de alta los contratos de los suministros básicos, agua y luz, aunque sus propietarios sigan pagando los impuestos correspondientes, como el IBI.
Muchos de estos pisos vacíos son el blanco perfecto para la «okupación» o para realizar actividades ilegales, con las consiguientes molestias a los vecinos. En la legislatura del PP, entre los años 2011 y 2015, el entonces alcalde Arturo Torró impulsó la llamada «Operación Ajedrez», intervenciones policiales para desalojar a estos moradores y el posterior tapiado. Este procedimiento permitió sellar cerca de 300 pisos. Ahora se sigue haciendo, pero de una manera más discreta, «y sin hacer propaganda», matiza la concejala de Vivienda, Amparo Victoria. En los últimos meses se ha tapiado un centenar en zonas como el edificio de la calle Perú, Grupo Porta o Beniopa.
Por otra parte, según contabiliza la PAH, en la Safor hay 244 pisos propiedad de los bancos o sus inmobiliarias asociadas. «Muchos eran antes de familias desahuciadas, así que pedimos a la banca, a la que el Estado ha rescatado, que las pongan en alquiler social y no a la venta», se quejan fuentes de la PAH.
