El Ayuntamiento de Ròtova ya ha entrado en la fase de bloqueo institucional debido a la crisis que, como informó Levante-EMV en su día, afecta al grupo municipal de Compromís, que obtuvo la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales.
Lejos de solucionar el problema, el alcalde, Jordi Puig, no ha sido capaz de limar sus diferencias con los dos concejales de su grupo, Gustavo Morant y Ana Puig, que técnicamente han pasado a formar parte de la oposición, dejando en minoría a la primera autoridad local.
El mejor reflejo ocurrió el jueves pasado cuando Puig, sin haberlo consensuado previamente, llevó al pleno corporativo la aprobación del presupuesto municipal de 2021, sin conseguir ese objetivo.
Gustavo Morant sumó su voto negativo a los tres del Partido Popular y dejó al alcalde con solo tres ediles, incluyéndose a sí mismo, que fueron los únicos que respaldaron la propuesta del presupuesto que fija las actuaciones de todo un año.
En esa situación, ahora deberá ser Compromís el que, a la vista de que se ha consumado la ruptura, estudie si solicita la dimisión de Gustavo Morant, dado que Ana Puig no pudo asistir al pleno, para dar paso al siguiente de la lista y devolver a esta formación la mayoría absoluta obtenida en las elecciones municipales.
El PP, por su parte, emitió un comunicado en el que lamenta que el alcalde Puig no les haya hecho partícipes de la gestión ni haya atendido a sus demandas. «No se presta a dialogar ni a convocar comisiones», dijo a este periódico Jesús Bou, quien insistió en que los populares siempre estarán dispuestos a hablar y a ofrecerse para aprobar proyectos, incluidos los presupuestos, cuando susciten el consenso.
El alcalde, por su parte, niega la mayor y señala que sí ha tratado de hablar con todos, pese a lo cual no ha podido encontrar los dos votos que ahora le faltan para sostener su gestión.
