Víctor Soler, concejal y presidente del PP de Gandia, señaló ayer ante Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica de presunta financiación ilegal del PP, que, por lo que a él respecta, «nunca hubo nada ilegal ni irregular» y que, ante las sospechas de delitos recogidas por la Fiscalía Anticorrupción basándose en informes de la UCO de la Guardia Civil, él actuó siguiendo indicaciones del exalcalde de su partido, Arturo Torró, y que fue Dionisio Ollero, entonces vicesecretario de Organización del PP de Gandia, quien contactaba con personas y empresas para gestionar la financiación del partido.

Como se ha visto en muchos otros casos de presunta corrupción política, la estrategia de los investigados gandienses en Púnica ha coincidido. Torró, que declaró en la Audiencia Nacional meses después de que se destapara la trama, dijo que él era alcalde y que de las cosas del partido se encargaban Soler y Ollero. Ayer Soler le devolvió la pelota indicando que no sabía nada sobre presuntos pagos de empresas contratistas del ayuntamiento para a las sociedades EICO y Madiva, dedicadas a «posicionar» a Torró en los buscadores de redes sociales y en medios de comunicación. Es decir, para difundir su imagen y darse a conocer, siempre en términos positivos. Y también señaló al magistrado que si contrató a Alejandro de Pedro, cabecilla de Púnica en la Comunitat Valenciana, para la campaña electoral de 2011 también fue por indicación de Torró, quien consiguió la alcaldía en esos comicios.

Según la investigación de la UCO de la Guardia Civil, De Pedro reclamó a Torró el dinero por los trabajos de posicionamiento mediático y entonces el exalcalde optó por hacerlo con fondos públicos, para lo cual presionó a Ollero y Soler para que gestionaran el pago a través de empresas contratistas del ayuntamiento. Como señala el informe policial y la Fiscalía Anticorrupción, los pagos no llegaron a realizarse porque el 27 de octubre de 2014 se iniciaron las acciones judiciales que destaparon la presunta trama corrupta. Torró, Soler y Ollero están acusados de los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos mercantiles y cohecho.

En mayo de 2016 el exalcalde Torró dijo al juez Eloy Velasco, que entonces instruía esta causa, que de todo eso él no sabía nada porque siendo alcalde no llevaba la financiación del Partido Popular de Gandia.

Dionisio Ollero, en cambio, sí que asumió en primera persona parte de los hechos que se le imputan. También en mayo de 2016 quien era vicesecretario de Organización del PP gandiense reconció al juez Velasco que fue a buscar a una empresa contratista del Ayuntamiento de Gandia para que abonara facturas que, en realidad, se tendrían que haber pagado desde el partido.

Ayer, tras seis años de instrucción, fue el turno de Víctor Soler, quien, respondiendo solo al juez, a la fiscal y a su abogado, explicó que él solo era un mensajero de Torró, un «correveidile», llegó a señalar, y que nunca supo nada de las negociaciones entre empresas contratistas y responsables del PP y del ayuntamiento para pagos irregulares. «Nunca hubo nada ilegal», insistió el actual presidente del PP, quien, preguntado sobre la actitud de Ollero, que vino a reconoció los hechos, dijo que actuaba por su cuenta en función de sus competencias en el partido.

Víctor Soler, siguiendo la estrategia también habitual en estos casos, comunicó al juez que no iba a responder a la abogada de la acusación, ejercida por el Ayuntamiento de Gandia, ni al abogado de Arturo Torró, que ayer también estaba presente en la Audiencia Nacional para defender los intereses del exalcalde y, sobre todo, actuar en el caso de que el concejal hubiese optado por una estrategia de perjudicarle.

«Contribuir al esclarecimiento»

Al término de la declaración, satisfecho por su desarrollo, Soler se limitó a mostrar confianza en que sus palabras «contribuyan al esclarecimiento de los hechos y que se pueda constatar que nunca hubo nada ilegal ni irregular». «He manifestado que mi actuación siempre estuvo marcada por la vocación de servicio público a los gandienses, en los que primó el interés general, la transparencia, la adecuación de los actos administrativos a los procedimientos establecidos y la inexistencia de menoscabo para los recursos públicos».